Iberdrola ha presentado ante el Tribunal Supremo una solicitud formal para que se aclare la cobertura legal de la creación del Comité gubernamental que investigó el gran apagón eléctrico que dejó sin luz a la Península Ibérica el pasado 28 de abril. La compañía eléctrica, según fuentes jurídicas, cuestiona la validez normativa del Comité constituido por el Gobierno, al considerar que no cuenta con el respaldo legal necesario para ejercer las funciones que ha desempeñado.

La acción fue presentada el 30 de mayo, antes de que el Gobierno hiciera público el informe oficial el 17 de junio y de que se comunicara la supuesta naturaleza normativa del mismo. Hasta ese momento, Iberdrola sólo conocía la existencia de una "orden comunicada" aprobada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, con fecha de 30 de abril, que daba origen al Comité.

La compañía considera que, al no haberse declarado oficialmente una "situación de interés para la Seguridad Nacional", la creación del Comité por parte del Consejo de Seguridad Nacional carece de fundamento legal. Por ello, ha solicitado que el Ministerio remita al Supremo toda la documentación que justifique normativamente tanto la constitución del Comité como su actuación y el valor jurídico del informe emitido.

Este informe, presentado en junio, atribuyó el apagón a un problema "multifactorial", con episodios de sobretensión, desconexiones en cascada y deficiencias en el control dinámico de tensión. Aagesen descartó un ciberataque y describió el suceso como una combinación de fallos encadenados.

El Comité del Gobierno, Red Eléctrica y la patronal Aelec presentaron informes separados, pero sin consenso: mientras el Gobierno reparte responsabilidades, Red Eléctrica y las eléctricas cruzan acusaciones sin esclarecer con certeza el origen del fallo.