El consejo de administración de Indra ha acordado por unanimidad la creación de una comisión integrada exclusivamente por consejeros independientes para supervisar cualquier posible conflicto de interés que pueda derivarse de una eventual operación corporativa con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

La decisión, anunciada por la compañía a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se ha tomado de forma preventiva, "con carácter previo a analizar cualquier operación que pueda implicar un conflicto de interés", y con el objetivo de reforzar las garantías de buen gobierno corporativo.

La comisión 'ad hoc' se encargará de vigilar el cumplimiento de las normas internas y regulatorias relativas a la gestión de conflictos de interés en el seno de la empresa. Además, el consejo ha facultado a una consejera independiente coordinadora para que, tras consultar con los vocales independientes, proponga tanto la composición de esta nueva comisión como sus reglas de funcionamiento.

El anuncio se produce en un contexto especialmente sensible. El presidente de Indra desde el pasado 19 de enero, Ángel Escribano, es copropietario de EM&E, junto a su hermano y presidente de dicha compañía, Javier Escribano. Además, EM&E posee actualmente un 14,3% del capital de Indra, lo que la convierte en su segundo mayor accionista, solo por detrás del Estado, que controla el 28% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La vinculación entre ambas compañías va más allá del accionariado. Javier Escribano forma parte también del consejo de administración de Indra, en representación de EM&E, lo que eleva la relevancia de establecer mecanismos de control independientes ante cualquier operación futura entre ambas entidades.

Aunque hasta ahora no se ha anunciado formalmente ningún proceso de fusión, la posibilidad de una integración entre Indra y EM&E ha estado presente en el debate empresarial y político desde que esta última entró en el capital de la tecnológica en 2023. Con este movimiento, Indra busca dotarse de instrumentos de control previos que aseguren la transparencia y el cumplimiento normativo en una eventual toma de decisiones.