La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa una propuesta que podría redefinir el modelo fiscal de la Unión Europea en la próxima década. Se trata de un nuevo impuesto dirigido a las grandes empresas que operan en el mercado interior europeo, denominado “recurso corporativo europeo” (CORE, por sus siglas en inglés). El tributo afectaría únicamente a compañías con una facturación neta superior a 50 millones de euros anuales.

La medida, que todavía se encuentra en fase de propuesta, forma parte del borrador del nuevo marco financiero plurianual 2028-2034. Según el documento presentado por la Comisión, este instrumento permitiría fortalecer los recursos propios de la UE y avanzar hacia una mayor autonomía presupuestaria, sin depender exclusivamente de las contribuciones nacionales ni de la emisión de deuda.

En paralelo, Bruselas plantea la incorporación de dos nuevos ingresos adicionales: un gravamen sobre los residuos electrónicos no reciclados y una contribución vinculada al consumo de productos de tabaco. Estas tres fuentes combinadas permitirían sostener financieramente las principales prioridades de la Unión, como la transición ecológica y digital, la seguridad común, la gestión de la migración y, especialmente, el reembolso de la deuda emitida durante la pandemia a través del fondo NextGenerationEU. A partir de 2028, ese reembolso ascenderá a cerca de 30.000 millones de euros anuales.

El CORE se aplicaría con un sistema progresivo por tramos y no afectaría a pequeñas y medianas empresas ni a organizaciones sin ánimo de lucro. Aunque la Comisión aún no ha detallado la cantidad total que espera recaudar con este nuevo impuesto, el objetivo es claro: asegurar una base fiscal más estable y previsible para financiar las políticas comunes.

La propuesta, sin embargo, deberá ser negociada y aprobada por unanimidad por los 27 Estados miembros, lo que podría suponer un reto político considerable. Países como España han mostrado receptividad hacia este tipo de recursos propios, mientras que otros, como Alemania, insisten en la necesidad de contención fiscal y en limitar el endeudamiento.

Con este paquete fiscal, la Comisión pretende sentar las bases de un nuevo contrato económico europeo, capaz de sostener las ambiciones políticas de la UE en un contexto global cada vez más competitivo y desafiante.