El silencio apenas duró unas horas en el barrio de San Antonio. Tras la agresión a un vecino de 68 años el pasado martes, Torre Pacheco ha encadenado cuatro noches consecutivas de disturbios, cargas policiales y un vecindario dividido entre el miedo y la indignación. 

El supuesto agresor del anciano fue localizado este lunes en Rentería (Gipuzkoa) cuando, según fuentes policiales, intentaba huir hacia Francia. Tras comparecer ante el juzgado de Donostia, ha sido enviado a prisión provisional sin fianza. Sobre él pesan cargos por un delito de lesiones graves y otro de odio. Los otros dos implicados, detenidos días atrás, se encuentran en libertad con medidas cautelares.

A estas tres detenciones se suman otras diez practicadas en los últimos días, en el marco del dispositivo policial desplegado para frenar los disturbios. Según fuentes oficiales, los 13 arrestos registrados hasta ahora no se corresponden con la última noche de incidentes, sino que son el resultado acumulado de las actuaciones llevadas a cabo desde el inicio de los altercados.

El refuerzo de seguridad desplegado por la Guardia Civil y la Policía Local se mantiene desde el pasado jueves. En las calles del barrio se han desplegado cerca de 90 agentes, apoyados por antidisturbios del Grupo Rural de Seguridad llegados desde Sevilla. Drones, controles de acceso e identificaciones masivas completan un dispositivo que ha detectado la presencia de al menos 120 personas con antecedentes llegadas de otros puntos de la Región y del país.

Según confirmó el jefe de la Comandancia de Murcia, coronel Francisco Pulido, la prioridad ahora es evitar nuevas concentraciones violentas convocadas a través de redes sociales. El barrio de San Antonio permanece en el punto de mira, con vigilancia permanente y más de una treintena de sanciones impuestas por desórdenes públicos.

La respuesta ciudadana, sin embargo, también ha empezado a organizarse. Este lunes por la noche, varios imanes del municipio convocaron asambleas juveniles en las mezquitas para pedir calma y evitar más enfrentamientos. “Debemos parar esta escalada de odio. Lo ocurrido no representa a nuestra comunidad”, afirmaron.

Mientras tanto, desde la Delegación del Gobierno insisten en que se mantendrá el despliegue policial los días que hagan falta. Y desde colectivos sociales y partidos políticos se exige al Ministerio del Interior más medios para frenar el clima de crispación, y responsabilidades ante la inacción institucional de los primeros días.

La investigación judicial por la agresión continúa abierta en el juzgado de San Javier. En paralelo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intentan contener una tensión social que, por ahora, sigue latente en las calles de Torre Pacheco.

Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso, pero en las calles de Torre Pacheco la fractura social es ya evidente. El barrio de San Antonio, acostumbrado a la convivencia entre culturas, se ha convertido en epicentro de discursos incendiarios, patrullas ciudadanas y llamadas a la venganza difundidas por redes sociales. La respuesta institucional ha llegado tarde y con cuentagotas. Ahora, con un municipio en vilo y una comunidad marcada por el miedo, las autoridades están obligadas no solo a garantizar el orden, sino a actuar con firmeza y sin equidistancias para cortar de raíz cualquier deriva racista o violenta. Porque esta vez, lo que está en juego no es solo la seguridad: es la convivencia misma.