El Gobierno de la Región de Murcia ha intensificado esta semana su presión al Ejecutivo central tras denunciar dos decisiones que, a su juicio, perjudican gravemente los intereses económicos del territorio: el posible recorte de fondos de la Política Agraria Común (PAC) en el nuevo marco financiero de la Unión Europea y la exclusión de la Comunidad de la última inversión estatal en infraestructuras eléctricas.

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha exigido una “reunión urgente y extraordinaria” de la Comisión Sectorial de Agricultura para consensuar una postura “firme” ante Bruselas, con el objetivo de frenar un eventual recorte de los fondos de la PAC. Según ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, “la Comunidad no aceptará reducciones en las aportaciones al sector agrario, una actividad necesaria y sin la cual no podríamos vivir”.

Ortuño ha recordado que, la semana pasada, la Región lideró una posición común de las 17 comunidades autónomas en defensa de una PAC sólida, con financiación ambiciosa y políticas a largo plazo que garanticen estabilidad para agricultores y ganaderos. “El Gobierno del presidente López Miras siempre ha estado y estará junto al campo, porque es una de nuestras señas de identidad”, afirmó.

A esta reivindicación se suma una nueva queja en materia energética. El Ejecutivo murciano ha denunciado su exclusión del paquete de inversiones aprobado esta semana por el Consejo de Ministros para reforzar la red eléctrica del país. El plan, que contempla 65 actuaciones por un valor total de 750 millones de euros, no incluye ninguna iniciativa en la Región de Murcia, lo que ha sido calificado como “un nuevo agravio” por parte del Gobierno autonómico.

Según explicó Ortuño, “no puede haber transición energética sin red eléctrica”, subrayando que la Región necesita con urgencia nuevas infraestructuras para garantizar el crecimiento económico y el desarrollo de energías renovables. El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha enviado una carta al Ministerio para la Transición Ecológica solicitando una rectificación inmediata y reclamando la convocatoria de la reunión pendiente con Red Eléctrica.

El Gobierno regional alerta de que esta exclusión “pone en riesgo la seguridad del suministro y limita la capacidad de evacuación de energía solar”, especialmente en una comunidad que representa el 6% de la producción fotovoltaica nacional. La Región, según ha denunciado Vázquez, acumula un déficit histórico de infraestructuras eléctricas, al recibir menos del 1% de la inversión estatal prevista en el actual plan nacional.

“Esta discriminación no es nueva”, añadió, recordando que en la última convocatoria estatal de ayudas al almacenamiento energético, dotada con 700 millones de euros, la Región solo recibió un 1,4% del total. Un volumen “claramente insuficiente” para afrontar la transformación energética que exige el contexto actual.