La investigación judicial del caso Montoro ha destapado una presunta red de corrupción con epicentro en el despacho privado del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Según los autos judiciales publicados esta semana y que han sacudido la política con un nuevo caso de corrupción, Montoro y otros 27 investigados están imputados por delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y corrupción en los negocios.

El juez de Tarragona, encargado del caso, ha levantado el secreto de sumario tras siete años de pesquisas. En él se detalla cómo el despacho Equipo Económico, que Montoro fundó antes de ser ministro y rebautizado después como Global Afteli, habría cobrado entre 7,8 y 11 millones de euros de compañías del sector energético (gasistas, eléctricas, renovables e incluso firmas vinculadas al juego), a cambio de asesorarles en la redacción de normas fiscales que acababan siendo aprobadas por el propio Gobierno.

El juez instructor del caso es el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, que desde 2017 investiga una posible red de corrupción político-empresarial con epicentro en el despacho del exministro. El caso nació a raíz de una denuncia anónima que alertó de una operativa fiscal sospechosa en relación con el despacho Equipo Económico, vinculado a Montoro.

El juez sostiene en su auto que existe una “trama estructurada y sostenida en el tiempo” que habría utilizado el despacho como plataforma para influir en la redacción de normativas fiscales a favor de grandes empresas, a cambio de retribuciones encubiertas. Además, apunta a un posible desvío internacional de fondos y al uso de sociedades interpuestas para dificultar el rastro del dinero, lo que ha llevado a activar comisiones rogatorias con al menos cuatro países europeos.

Presiones, BOE a la carta y pagos encubiertos

Los documentos judiciales, entre ellos correos electrónicos y transferencias, revelan que el despacho mantenía una constante comunicación directa con altos cargos de Hacienda y participaba en la redacción de textos normativos que, posteriormente, se publicaban en el BOE. Es decir, diseñaban legislación "a la carta" para beneficiar a sus clientes, según el juez.

Entre los beneficiarios figuran importantes grupos energéticos, que habrían abonado comisiones por estos servicios camuflados como “consultorías”. La Guardia Civil investiga además una red de sociedades pantalla que canalizó estos fondos hacia cuentas bancarias en Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos e Irlanda, lo que podría derivar en nuevos delitos fiscales.

Consecuencias políticas y parlamentarias

La tormenta ha estallado también en el Congreso. El grupo Sumar ha registrado una comisión de investigación para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades políticas. Vox, por su parte, se ha personado como acusación popular. Desde el PSOE, varios portavoces han criticado la tibieza del PP y la “doble vara” a la hora de exigir transparencia.

En paralelo, el Partido Popular ha anunciado que Montoro se ha dado de baja como militante. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que “el que la hace, la paga”, marcando distancias con el exministro. Sin embargo, voces críticas dentro del partido advierten del desgaste que este caso puede suponer para la formación.

La instrucción del caso continúa abierta y la Guardia Civil trabaja en la reconstrucción del circuito financiero y en nuevas diligencias que podrían derivar en nuevas imputaciones. Se espera que Montoro sea citado a declarar tras el verano.

En total, el sumario abarca 18 tomos y más de 9.000 folios. Los investigadores no descartan que el caso se amplíe a otros sectores como el ferroviario, el tecnológico o el audiovisual, debido a la existencia de pagos similares a través del mismo despacho profesional.