Este miércoles 23 de julio, mientras la Asamblea Regional aprobaba los presupuestos autonómicos para 2025, las puertas de la Asamblea Regional eran escenario de una protesta masiva. Cerca de 50 colectivos sociales, respaldados por los principales sindicatos y partidos de la oposición, se concentraron frente al parlamento autonómico para denunciar el acuerdo entre PP y Vox que ha permitido sacar adelante unas cuentas que, según denuncian, "profundizan en los recortes sociales y suponen un retroceso democrático"

En palabras del manifiesto leído durante la movilización, la alianza entre ambas formaciones “supondrá para la mayoría social un importante recorte en derechos conquistados durante años” y “un retroceso en el modelo de convivencia democrática”.

Sindicatos en pie de guerra

La secretaria general de UGT en la Región, Paqui Sánchez, lanzó una de las declaraciones más contundentes del día: “Treinta años de gobierno del PP y ahora esta alianza con el mal solo traen más esclavitud, menos derechos y menos proyección social. Nos ha costado demasiado conseguir lo que ahora están dinamitando”.

Por su parte, Teresa Fuentes, máxima responsable de CCOO en la Región, denunció que “son unos presupuestos en contra de la mayoría social que debilitan aún más un escudo social ya frágil: en esta región se invierte un 26% menos que la media nacional en servicios sociales”.

Fuentes también alertó del pacto para derogar la Ley del Mar Menor, una norma aprobada con consenso científico, político y social, así como del peligro de “negar la violencia de género” o seguir atacando a las personas migrantes.

Recordó además que la Región de Murcia lidera el ranking nacional de pobreza infantil, con un 41% de menores en riesgo de exclusión social, y que el 33% de la población general también vive en situación de pobreza o exclusión, según los últimos indicadores. A esto se suma que la comunidad presenta las peores cifras de fracaso escolar del país y un 32% de paro juvenil, lo que para la líder sindical evidencia el abandono de la mayoría social por parte del Gobierno regional.

La oposición: “Presupuestos del abandono”

Desde el PSOE, su portavoz Carmina Fernández denunció que “se ha materializado el pacto de la vergüenza entre el PP y Vox, con políticas de odio a cambio de aprobar presupuestos”. Aseguró que “cientos de personas han salido estos días a la calle para exigir que no se materialice este pacto”, y lamentó que el Ejecutivo haya rechazado todas las enmiendas socialistas: “No tienen argumentos políticos, por eso recurren a la técnica presupuestaria para deslegitimarlas”. Fernández también acusó a López Miras de “sumisión a los intereses partidistas de Feijóo por encima de los de la Región”.

Desde Podemos-IU-Verdes-Alianza Verde, María Marín fue clara: “Estos presupuestos no resuelven los problemas de la ciudadanía. No hay más plazas para dependientes, seguimos sin residencias públicas para mayores y el abandono a la gente trabajadora es absoluto”. Añadió que "este Gobierno regional deja absolutamente abandonada a la gente trabajadora, a la gente normal y corriente de nuestra tierra".

Veto a las propuestas de la oposición

Las enmiendas presentadas por el PSOE y el Grupo Mixto (Podemos-IU-Verdes-Alianza Verde) fueron rechazadas en bloque con los votos en contra del Partido Popular y Vox, lo que para la oposición confirma el rodillo de la derecha en la Asamblea. Por el contrario, la única enmienda presentada por el PP salió adelante gracias al apoyo de Vox, mientras que la del partido de ultraderecha fue aprobada por unanimidad, en un movimiento que ha generado también críticas por su falta de contenido social y su sesgo ideológico.

La defensa del Gobierno regional

Desde el Grupo Parlamentario Popular, la diputada Isabel María Sánchez Ruiz defendió las cuentas aprobadas como “realistas y centradas en las familias”, y acusó a la oposición de presentar “enmiendas repetidas, mal trabajadas y técnicamente inviables”.

Aseguró que el 94% del presupuesto ha sido consensuado y que las propuestas socialistas suponían “recortes encubiertos a programas fundamentales”, además de insistir en la “sensibilidad social” de las políticas fiscales del Gobierno regional, con bajadas de impuestos y “confianza en los empresarios”.

Un día de contrastes

Lo que se ha vivido hoy en Cartagena fue el reflejo de dos visiones irreconciliables: la de un Gobierno que asegura proteger el estado del bienestar desde la eficiencia, y la de una sociedad civil que ve cómo sus derechos, conquistas y servicios públicos retroceden.

La imagen de una Asamblea blindada por fuerzas de seguridad y rodeada de pancartas deja claro que estos presupuestos han sido aprobados, sí, pero entre una fuerte contestación social que no piensa quedarse callada.