Movimiento Ciudadano (MC) y el PSOE de Cartagena han denunciado este jueves la compra por parte del Ayuntamiento de un solar contaminado en Los Mateos, una operación que califican como “el primer gran escándalo urbanístico del actual Gobierno” y un “pelotazo” liderado por la alcaldesa Noelia Arroyo. En una rueda de prensa conjunta, los portavoces Jesús Giménez Gallo y Manuel Torres han exigido explicaciones sobre una adquisición que ya ha supuesto un gasto de 1,3 millones de euros, pese a que el terreno no era municipal y requiere ahora más de 500.000 euros adicionales para su descontaminación.

Según ambos grupos, el proyecto –que pretendía construir 40 viviendas sociales– ha sido abandonado, y el Ayuntamiento ha renunciado a una subvención europea de 1,7 millones de euros destinada a su ejecución. “No hay gestión ni proyecto real, solo fachada e imagen”, ha señalado Torres, que ha recordado que la compra se formalizó el 8 de junio de 2023, apenas once días después de las elecciones municipales y con la corporación en funciones.

La parcela fue adquirida por 437.000 euros, descontando 200.000 supuestamente por los costes de limpieza, aunque el vendedor quedó exento de cualquier responsabilidad medioambiental. La operación solo fue aprobada con los votos del PP y concejales no adscritos, entre ellos de Ciudadanos.

Tanto MC como el PSOE reclaman una comisión de investigación en el Ayuntamiento y no descartan acudir a otras instancias judiciales. Además, critican que no se haya informado previamente a la Dirección General de Patrimonio ni se haya tramitado el plan especial exigido por el Ministerio de Cultura para intervenir en la zona de la Morería, donde el Gobierno municipal planea actuaciones urbanísticas que los grupos consideran encubiertas para facilitar futuras construcciones.

También denuncian la desaparición de otras subvenciones europeas, como los dos millones para la excavación del Molinete, y la falta de diálogo con asociaciones vecinales y comerciantes. “Esta es la Cartagena contable de las maravillas de Noelia Arroyo”, ha afirmado Gallo, quien ha subrayado que la oficina municipal de vivienda queda en entredicho al no haber ya promociones previstas.

Finalmente, recuerdan que la Plataforma de Suelos Contaminados y asociaciones vecinales ya han denunciado la operación ante el TSJ, solicitando su nulidad por vulnerar la salud pública y la protección medioambiental.