El Gobierno ha asegurado este miércoles que "no hay negociación abierta ni cambio de posición de ninguna de las partes" respecto al futuro de las centrales nucleares en España. Así lo han confirmado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que subrayan que ninguna empresa ha renunciado a sus peticiones iniciales.

En junio, Endesa e Iberdrola enviaron una carta al Ministerio proponiendo extender la vida útil de las centrales nucleares. Según publica El País, la ministra Sara Aagesen respondió por escrito, abriéndose a revisar el calendario nuclear bajo determinadas condiciones. Entre ellas, garantizar la seguridad para las personas, el suministro energéticoy que no implique un mayor coste para los ciudadanos.

El Ministerio considera que la carta de las eléctricas es solo una declaración de intenciones, no una petición formal, ya que plantea modificar el actual marco normativo en perjuicio de los consumidores, al proponer reducciones fiscales y otras medidas económicas. Por ello, el Ejecutivo insiste en que no se cumplen las tres condiciones clave para iniciar un trámite formal.

Desde entonces, ni Endesa ni Iberdrola han comunicado al Ministerio ningún cambio en su postura. Tampoco han renunciado a sus demandas iniciales. "No hay negociación abierta ni cambio de posición", reiteran desde el Gobierno.

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra Aagesen han dejado la puerta abierta a una posible ampliación de la vida útil del parque nuclear, siempre y cuando se respeten esas condiciones.

Naturgy y EDP se desmarcan

La propuesta remitida en junio por Endesa e Iberdrola no fue firmada por Naturgy ni EDP, también propietarias de parte del parque nuclear y firmantes del protocolo de cierre pactado en 2019 junto con Enresa. Este protocolo establece el cierre progresivo de las centrales entre 2027 y 2035.

En el caso de Almaraz, la primera en cerrar según el calendario (reactor uno en 2027 y el segundo en 2028), la propiedad está compartida entre Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%). Este tipo de gestión requiere unanimidad entre los propietarios para cualquier decisión relevante.

Aunque Iberdrola y Endesa han mostrado disposición a prolongar la operación de las centrales bajo condiciones favorables, Naturgy también ha apoyado una ampliación para Almaraz hasta 2030, proponiendo después repensar el futuro nuclear del país.

El gran obstáculo: la fiscalidad

Uno de los principales obstáculos para la continuidad de las nucleares es la alta fiscalidad. Un estudio de EY indica que España es el único país con impuestos adicionales como el de producción de combustible nuclear gastado, residuos radiactivos o las ecotasas autonómicas, que suponen 9,2 euros/MWh.

La carga fiscal total asciende a 27,3 euros/MWh brutos (28,6 netos), lo que según las eléctricas no se destina a cubrir costes operativos sino que agrava su competitividad respecto a otros países europeos.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, señaló esta semana que una prórroga de tres años en el calendario de cierre sería "lo más probable" por razones técnicas, aunque subrayó que la decisión final corresponde al Gobierno. También reveló que la propuesta conjunta con Iberdrola incluía una reducción fiscal mínima de 10 euros/MWh, suprimiendo algunos impuestos y tasas locales, ya que los tributos actuales representan más del 25% del coste total, estimado en unos 65 euros/MWh.