El Partido Popular ha registrado una moción en la Asamblea Regional de Murcia para exigir al Gobierno de España la prórroga de la vida útil de todas las centrales nucleares, y no solo de las ubicadas en Cataluña. La diputada popular María Casajús ha afirmado que la política energética “no puede mercadearse al dictado de los pactos de Pedro Sánchez para sobrevivir en Moncloa”.

Casajús ha acusado al presidente del Gobierno de "trocear la política energética" para contentar a sus socios independentistas. “Primero nos atropellaron en el reparto de la capacidad eléctrica, dejando fuera a la Región de Murcia. Ahora, directamente nos pretenden trocear el mapa nuclear”, ha manifestado la diputada.

A juicio del PP, la Región de Murcia ha sido una de las comunidades más perjudicadas por la gestión del Ejecutivo de Sánchez, que —según critican— la ha excluido de las inversiones para reforzar el sistema eléctrico nacional. “Se trata de una planificación sectaria, arbitraria y desigual que agrava aún más el riesgo de apagones y debilita el desarrollo industrial de polos estratégicos como el de Cartagena, que sigue sin recibir la atención que merece por parte del Estado”, ha añadido.

La diputada ha calificado de “intolerable” que el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, “justifique incluso inversiones en Orihuela mientras a la Región la dejan sola”.

En esta línea, el PP ha defendido una política energética seria, basada en criterios técnicos y de seguridad, y no en intereses partidistas. “La energía nuclear es esencial para garantizar la seguridad energética, la competitividad industrial y la estabilidad del sistema eléctrico nacional, especialmente en zonas como Escombreras”, ha subrayado Casajús.

La moción registrada por el Partido Popular insta al Gobierno central a:

• Revisar el calendario de cierre de las centrales nucleares, eliminando criterios ideológicos y priorizando los técnicos y de seguridad.

• Adecuar la carga fiscal de la energía nuclear a los niveles del resto de países de la Unión Europea, para garantizar su viabilidad.

• Evaluar el impacto económico y medioambiental del cierre programado de estas instalaciones.