Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha detectado más de 32.000 fraudes eléctricos en el primer semestre del año, lo que equivale a una media de más de 175 casos diarios o siete fraudes a la hora, según ha informado la compañía. El volumen de electricidad robada equivale al consumo anual de casi 117.000 hogares.

La empresa ha advertido de que buena parte de este fraude proviene de plantaciones indoor de marihuana, ubicadas en pisos, casas o edificios. Estas instalaciones ilegales utilizan sofisticados sistemas eléctricos conectados directamente a la red, con consumos elevados y constantes durante las 24 horas del día, provocando graves daños en las infraestructuras eléctricas.

El Informe Europeo sobre Drogas 2025 refleja que España acapara el 73 % de las incautaciones de plantas de marihuana en la Unión Europea, muchas de las cuales se cultivan en este tipo de invernaderos. Cada plantación puede requerir una potencia similar a la de unas 80 viviendas de 100 metros cuadrados.

Entre enero y junio, Endesa ha participado en el desmantelamiento de seis plantaciones indoor al día en colaboración con las Fuerzas de Seguridad, dentro de su zona de distribución. La energía recuperada por la compañía asciende a 111 millones de kilovatios hora (KWh), el equivalente al consumo de más de 31.700 hogares.

Para mejorar la detección del fraude, Endesa utiliza desde 2017 sistemas de inteligencia artificial, como modelos de 'Machine learning' y 'Deep learning', que permiten analizar patrones de consumo, históricos de inspecciones, equipos de medida e incluso información meteorológica, lo que facilita identificar puntos con alta probabilidad de fraude.

La compañía destaca que el fraude eléctrico es un problema creciente que afecta a toda la sociedad. Tiene un impacto directo en la seguridad ciudadana, debido a los riesgos derivados de la manipulación de instalaciones, así como en la calidad del suministro eléctrico, que puede interrumpirse por los enganches ilegales. También perjudica a las empresas industriales, al competir en desigualdad con las que defraudan energía, y afecta a la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, ya que reduce los ingresos regulados y genera pérdidas a las empresas distribuidoras y comercializadoras.

A finales de julio, la CNMC aprobó una propuesta normativa para actualizar la regulación contra el fraude, introduciendo criterios comunes en las inspecciones, nuevos sistemas de facturación y protección para los usuarios afectados.

Desde Endesa insisten en que el fraude también repercute directamente en los consumidores legales, sobre los que se trasladan los costes derivados de estas prácticas ilícitas.

En el plano legal, España es el único país de su entorno europeo que no contempla penas de prisión para los delitos de fraude eléctrico, a diferencia de Francia, Portugal, Italia o Alemania. Tampoco se consideran agravantes ni reincidencia, incluso cuando el delito sirve para alimentar plantaciones de cannabis o provoca incendios con consecuencias graves.