La aprobación en Jumilla de una moción que limita el uso de instalaciones deportivas exclusivamente al ámbito deportivo o a actos organizados por el Ayuntamiento ha desatado una fuerte polémica política y social. Aunque el texto, impulsado por PP y Vox, no menciona ninguna religión, su aplicación deja fuera celebraciones musulmanas que tradicionalmente se realizaban en estos espacios, como el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero, y ha sido interpretada como una forma encubierta de exclusión religiosa.

La Conferencia Episcopal Española ha alzado la voz en defensa de la libertad religiosa, respaldando la postura de la Comisión Islámica de España, y recordando que el derecho al culto está protegido por el artículo 16 de la Constitución. “Solo puede limitarse por alteraciones al orden público, y esa valoración debe ser técnica, no ideológica”, señalan.

Desde el ámbito político, las críticas también se han intensificado. El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha acusado al PP de alinearse “con la extrema derecha votando contra la convivencia” en Jumilla. “Es la primera medida en España que impide celebraciones islámicas en espacios públicos, cuando antes se hacían con normalidad y respeto”, ha afirmado. Espadas lamenta que el PP “incite al odio y al miedo al diferente” en lugar de ejercer una oposición que beneficie a la ciudadanía.

Frente a estas críticas, el PP de Jumilla defiende que no hay ninguna prohibición por motivos religiosos y que se trata únicamente de una reforma del reglamento de uso de instalaciones deportivas municipales. Asegura que otras instalaciones seguirán abiertas a todos los colectivos, incluidas las comunidades religiosas.

La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes considera que esta decisión vulnera la legalidad vigente, incluida la Constitución y la Ley de Libertad Religiosa. Denuncian que la medida afecta directamente a los más de 1.500 vecinos musulmanes del municipio y alertan de una escalada de “racismo institucional”. “España no puede permitir que sus municipios se conviertan en laboratorios del odio”, afirman, reclamando una respuesta inmediata del Gobierno y de las instituciones.

Lo que en Jumilla se plantea como una reordenación del uso de espacios municipales ha acabado por convertirse en un símbolo del debate nacional sobre los límites a la libertad religiosa en democracia. Mientras el Gobierno local insiste en que se trata de una norma técnica sin discriminación, la oposición política, colectivos sociales y representantes religiosos lo ven como un paso preocupante hacia la exclusión y la fractura de la convivencia.