La delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, ha advertido que el Ejecutivo central está estudiando el caso ocurrido en Jumilla, tras la aprobación en el Pleno municipal de una moción presentada por PP y Vox que insta al Gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier actividad ajena a las mismas. Ha asegurado que “si se encuentra algún indicio de delito de odio” habrá consecuencias.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Guevara ha señalado que “si se encuentra algún indicio de que lleva a esta discriminación, a este discurso de odio, a esto que es confrontar inmigración con españoles, a cristianos contra musulmanes, lo estamos estudiando y estamos muy vigilantes, porque por supuesto que eso va a tener sus consecuencias”.

La delegada ha subrayado que el Gobierno dispone de mecanismos para analizar la legalidad de la moción, a través de los servicios jurídicos, y ha recordado que en un pleno municipal también debe velar por la legalidad el secretario de la corporación.

Guevara ha lamentado que lo que se vive en la Región es un “total despropósito”, citando como ejemplo los altercados ocurridos en Torre Pacheco y acusando a PP y Vox de usar distintas maniobras para “fracturar nuestra convivencia”. Ha defendido que la Constitución garantiza la libertad religiosa, permitiendo que cada persona practique la suya “bajo ese respeto que nos ampara”.

En su opinión, la moción aprobada hace más de una semana tiene un efecto discriminatorio contra parte de los vecinos de Jumilla. “He escuchado dirigentes del equipo de gobierno intentando vendernos otra versión, tratarnos de tontos, pero está claramente explicado, y además así lo ha dicho Vox, que se enorgullece de haber conseguido en Jumilla lo que pretende lograr en toda España”, ha afirmado.

La delegada ha acusado a la Región de ser utilizada como “laboratorio de la extrema derecha”. Ha explicado que ha estado en contacto con concejales socialistas de Jumilla, preocupados por la situación, y ha criticado que el Gobierno regional esté “totalmente desaparecido” tanto en este caso como en el de Torre Pacheco, sin aplicar políticas de integración, inclusión ni planes de convivencia.