Hoy, lunes 20 de agosto, se cumple un año desde que el Juzgado de Instrucción nº 5 de Cartagena ordenara el sellado inmediato de las balsas de Zinsa mediante auto judicial dictado en 2024. Sin embargo, nada ha cambiado en Torreciega. Esta mañana, los vecinos y colectivos de la Plataforma de Suelos Contaminados han salido a la calle y se han concentrado frente a los juzgados de Cartagena para denunciar que “los residuos siguen al aire libre y los lixiviados se filtran con cada episodio de lluvias”. En el escrito que han presentado, recuerdan además los informes periciales del científico José Matías Peñas-Castejón, que advierten de un riesgo cancerígeno “inaceptable” para la población, con exposiciones a plomo, cadmio, arsénico o mercurio “hasta 470 veces por encima de los valores de referencia de la OMS”.

Un año de incumplimiento

El 20 de agosto de 2024, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Cartagena dictó un auto contundente: había que sellar de forma “inmediata” las celdas del vertedero de la antigua Española del Zinc. La decisión llegó tras más de tres años de litigios y después de que informes del Seprona y peritajes científicos confirmaran la contaminación activa en suelos y aguas, además de episodios de mortandad de aves que confundían las balsas ácidas con charcas naturales.

Doce meses más tarde, la medida sigue sin cumplirse. La empresa propietaria, Cartagena Parque, ha tratado de frenar la orden con recursos judiciales, mientras que la Comunidad Autónoma, pese a ser responsable subsidiaria, no ha activado la ejecución. Para los vecinos, esta inacción supone que la sentencia “ha quedado en papel mojado” y prolonga un problema que ya califican de “criminal”.

El escrito de los vecinos: riesgos inaceptables

La Plataforma de Suelos Contaminados y la Asociación de Vecinos de Torreciega han presentado un escrito al juzgado en el que documentan lo que consideran una amenaza sanitaria y ambiental sin precedentes en la Región de Murcia.

Entre las evidencias aportadas destacan:

• Riesgo cancerígeno en niños: los peritajes confirman que los menores del barrio están expuestos a niveles de plomo y cadmio hasta 470 veces superiores a los admitidos por la normativa internacional.

• Contaminación en sangre: análisis biomédicos realizados a vecinos han detectado la presencia de metales pesados compatibles con una exposición crónica.

• Neurotoxicidad y amianto: se han localizado restos de mercurio y otros materiales industriales altamente peligrosos.

• Escorrentías tóxicas: cada episodio de lluvias arrastra lixiviados contaminantes hacia ramblas, terrenos agrícolas e incluso el puerto de Cartagena.

• Mortandad de fauna: las balsas actúan como trampas mortales para aves protegidas.

• Incumplimiento de la ley: los vecinos consideran que la situación supone un “delito continuado” contra el medio ambiente y la salud pública.

El colectivo recuerda que la autorización del vertedero se remonta a 2002 y habla de una “negligencia histórica” que, más de veinte años después, sigue poniendo en riesgo derechos fundamentales como la salud y un entorno seguro.

La versión institucional

La Consejería de Medio Ambiente asegura que en el último año se han retirado 1,3 millones de litros de residuos líquidos, de los que 500.000 eran peligrosos. Sin embargo, todavía quedan en la parcela unas 350.000 toneladas de residuos sólidos contaminantes repartidos en 280.000 metros cuadrados.

Estas actuaciones, advierten los vecinos, no afectan a las balsas más tóxicas, que siguen abiertas a escasos metros de las viviendas. Mientras tanto, el Juzgado mantiene abierta la causa penal contra Cartagena Parque, pero no ha impulsado la ejecución de su propio auto. Para la acusación, esta pasividad judicial “priva de eficacia a la medida cautelar y agrava el riesgo sanitario”.

María Marín (Podemos): “Hasta que los responsables no pisen la cárcel esto no se arregla”

La diputada regional de Podemos, María Marín, se unió este miércoles a los vecinos en la concentración frente a los juzgados de Cartagena. “Un año después de la sentencia que ordenaba el sellado inmediato de las balsas de Zinsa, todo sigue igual”, denunció. “Las balsas siguen sin sellar y los vecinos de Torreciega y del sector Estación siguen expuestos a gravísimos riesgos para la salud”.

Marín fue más allá al señalar a los responsables: “Estoy convencida de que hasta que alguno de ellos no pise la cárcel esto no se arregla”. En su discurso apuntó tanto a Tomás Olivo, propietario de los terrenos, como al Gobierno de López Miras, al que responsabiliza subsidiariamente de ejecutar el sellado.

Los vecinos de Torreciega llevan 17 años denunciando la contaminación de Zinsa. Un año después de que la justicia les diera la razón, siguen respirando metales pesados y conviviendo con balsas abiertas que amenazan su salud. Su paciencia se agota y avisan: si la sentencia no se cumple, acudirán a instancias superiores.