Los paseos marítimos no son un lujo urbano, sino una infraestructura básica tan esencial como los centros de salud, colegios o bibliotecas públicas. Son espacios que democratizan el acceso al mar, garantizando que todos los ciudadanos —independientemente de su poder adquisitivo— puedan disfrutar de la primera línea de costa. Un paseo marítimo es mucho más que una simple acera junto al mar. Es un espacio público dotado de mobiliario urbano, vegetación, iluminación y servicios que actúa como motor de transformación social, económica y cultural.

Los paseos marítimos son gimnasios naturales al aire libre donde la gente hace ejercicio respirando aire marino, lo que es bueno para la salud física y mental. Los médicos recomiendan caminar junto al mar para reducir el estrés. Además, estos espacios son el centro de la vida social en las ciudades costeras, donde se encuentran personas de todas las edades y orígenes para charlar, pasear en familia o simplemente disfrutar juntos del atardecer.

A media mañana y durante el día, estos espacios albergan mercados artesanales, música en directo y actividades culturales que fortalecen el tejido social. Por la noche, se transforman en escenarios abiertos para el deporte, la cultura y el ocio donde residentes y visitantes comparten experiencias. Al atardecer, el paseo marítimo ofrece uno de sus momentos más mágicos: contemplar la puesta de sol, un espectáculo que, como afirmaba el escritor francés y Premio Nobel Anatole France, "es el poema más prodigioso escrito por la naturaleza". Estos espacios funcionan además como ejes vertebradores del territorio, conectando barrios, playas y núcleos urbanos mediante rutas peatonales y ciclistas. Reducen la dependencia del vehículo privado, mejoran la calidad del aire y crean redes de movilidad sostenible que benefician tanto a residentes como a turistas. Como indica un informe del Instituto de Turismo de España (Turespaña), estos espacios "aumentan la estancia media, incrementan el gasto del visitante y fidelizan al turista". En realidad, un pueblo costero sin paseo marítimo pierde gran parte de su alma y condena a sus habitantes a vivir de espaldas al mar.

El impacto económico de los paseos marítimos es demoledor. Revalorizan los inmuebles colindantes y transforman completamente la actividad económica de la zona. Generan un efecto multiplicador que beneficia a hostelería, comercio local, servicios turísticos y actividades culturales. El informe de Exceltur de 2021 confirma que "el desarrollo urbano y paisajístico de las zonas costeras mejora exponencialmente la satisfacción del visitante" y reduce la estacionalidad turística, permitiendo que los negocios locales mantengan actividad durante todo el año. La construcción y mantenimiento de paseos marítimos genera empleo directo e indirecto de calidad: jardinería, hostelería, comercio, servicios deportivos, actividades culturales y turismo activo. Además, incrementa el número de residentes estables, fijando población y evitando la despoblación de núcleos costeros.

A nivel mundial tenemos ejemplos espectaculares: el Malecón de La Habana, que se ha convertido en el símbolo de la ciudad; el Paseo de la Croisette en Cannes, motor económico de la Costa Azul; Copacabana en Río de Janeiro, referente mundial del turismo urbano; o Bondi Beach en Sídney, ejemplo perfecto de integración entre naturaleza y ciudad. En Europa sobresalen la Promenade des Anglais en Niza y el paseo marítimo de Tel Aviv, que han transformado completamente la vida de estas ciudades. En España, los paseos marítimos de La Concha en San Sebastián, la Malvarrosa en Valencia, la Barceloneta en Barcelona, Gijón, Cádiz y Salou han demostrado su capacidad transformadora. Todos estos municipios experimentaron un salto cualitativo en calidad de vida, atractivo turístico y dinamismo económico tras la construcción de sus paseos marítimos.

Y aquí llegamos al drama del litoral murciano. A mediados de la década de 1960, los periódicos anunciaban que La Manga del Mar Menor sería "el paraíso turístico del Mediterráneo". Entre los grandes proyectos prometidos destacaban dos paseos marítimos monumentales: uno bordeando el Mediterráneo desde Cabo de Palos hasta San Pedro del Pinatar (19 km), y otro rodeando completamente el Mar Menor. Cinco décadas después, ninguno existe. Lo que tenemos son aceras discontinuas, sin continuidad real ni vistas al mar. Los usuarios muestran su perplejidad: "¿Cómo es posible que el Mar Menor, 'joya de la corona' de la Región de Murcia, no tenga un gran paseo marítimo digno?" La Manga podría haber sido el Acapulco español, pero la falta de visión política y la descoordinación institucional han convertido una oportunidad única en un caos urbanístico que lastra el desarrollo de toda la comarca y la Región.

La Manga del Mar Menor fue concebida bajo la figura de las Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional (1963), un instrumento urbanístico estatal del Ministerio de Información y Turismo que pretendía ordenar el desarrollo turístico, creándose los centros "Hacienda de La Manga de Cartagena" y "Hacienda de la Manga de San Javier". Comenzando por la construcción del Hotel Galúa en 1965. Sin embargo, la transferencia de competencias urbanísticas a las Comunidades Autónomas llevó a la derogación de dicha figura. Como consecuencia, el desarrollo urbanístico quedó en manos de ayuntamientos y la administración autonómica, generando una situación en la que las decisiones urbanísticas locales de décadas pasadas chocan ahora con la aplicación de la normativa estatal de Costas.

El caso de Los Nietos y Los Urrutias ejemplifica el abandono institucional del litoral murciano. Estos pueblos de pescadores y veraneo, que conservan la esencia genuina del Mar Menor desde hace más de un siglo, permanecen olvidados cuando deberían ser potenciados como destinos de turismo familiar y cultural. Los vecinos denuncian una "auténtica situación de abandono" por la falta de mantenimiento de playas, paseos marítimos e infraestructuras, lo que deteriora tanto su calidad de vida como el atractivo turístico.

La raíz del problema radica en la aplicación desigual de la Ley de Costas. Mientras comunidades como Cataluña, Andalucía o País Vasco disfrutan de competencias delegadas que permiten gestión flexible, en la Región de Murcia el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ejerce un control férreo que paraliza proyectos esenciales. Esta desconexión genera un agravio comparativo que castiga específicamente a la Región de Murcia, donde muchos perciben que el Ministerio gestiona con criterios más ideológicos que técnicos, priorizando una interpretación restrictiva de la normativa por encima del desarrollo equilibrado del territorio. Una corriente que, para sus críticos, está vinculada a la Agenda 2030 y el ecologismo político, priorizando dogmas “Wok” por encima de la realidad socioeconómica de los territorios.

Sin embargo, la responsabilidad es compartida. Los gobiernos regionales y municipales de esta Comunidad permitieron durante décadas construir sin control ni previsión de espacios públicos, generando urbanizaciones sin salida al mar, calles que terminan en vallas y edificaciones sobre sistemas dunares. El resultado es un litoral fragmentado y privatizado de facto.

La paradoja alcanza su máximo exponente en Cabo de Palos, donde decenas de propietarios de viviendas centenarias con documentación legal se enfrentan a amenazas de derribo. La arbitrariedad es evidente: mientras una casa histórica se enfrenta a la demolición, otra situada a cuatro metros es declarada "correcta" bajo criterios diferentes. Los afectados denuncian que Costas, en su afán por derribar, incluso roza el delito al manejar una tramitación llena de lagunas y documentos perdidos. Los vecinos denuncian: "No somos okupas de nuestras casas", expresando la indignación ante una normativa que convierte en "ilegales" propiedades adquiridas cumpliendo la legislación vigente.

La Demarcación de Costas pretende expropiar 15 viviendas legalmente edificadas en la Playa de Levante, sustituyendo las escrituras por simples "concesiones" y obligando a los propietarios a pagar los costes de demolición. Cientos de familias en Cabo de Palos, Los Nietos, Mazarrón y Puntas de Calnegre viven bajo la amenaza de demolición, mientras los verdaderos responsables del caos urbanístico esquivan su responsabilidad histórica. Como denuncia Vox, "Costas pretende anular la propiedad de los afectados, que se ven expoliados de sus derechos con efecto retroactivo, al sustituir sus escrituras por simples 'concesiones'. Además, les obligan a pagar los costes de demolición".

Durante cuatro décadas, numerosas construcciones se levantaron con licencias municipales válidas, representando inversiones significativas de familias que confiaron en la seguridad jurídica de las autorizaciones. Sin embargo, la aplicación actual de la normativa ha puesto en entredicho la legalidad de muchas edificaciones, creando una inseguridad jurídica demoledora. El MITECO ha iniciado expedientes de deslinde que afectan directamente a numerosas propiedades, destacando casos como el de un propietario que ha conseguido retrasar hasta en tres ocasiones la demolición de su vivienda. Hoy, esas mismas construcciones que fueron legales enfrentan expropiación y derribo.