El debate sobre el agua vuelve a encender la política nacional. El PP de la Región de Murcia ha denunciado que las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, impulsadas por el Gobierno central, suponen un “recorte ideológico, político y sectario” que amenaza una infraestructura que califican de “vital para toda España”.

El secretario ejecutivo de Agua del PP murciano, Jesús Cano, advirtió que la aplicación de los cambios podría suponer la pérdida de hasta 90 hectómetros cúbicos anuales, lo que impactaría directamente en más de 100.000 hectáreas de regadío, el abastecimiento urbano y miles de empleos en Murcia, Alicante y Almería.

“Con estas decisiones se está castigando a los territorios que más contribuyen a la economía nacional. Cuando el campo para, todo se para”, declaró Cano, quien acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de estar “jugando con el futuro de millones de ciudadanos”.

“Un trasvase que funciona”

El dirigente popular defendió que el sistema actual, fruto del Memorándum de 2014, “ha demostrado su eficacia” y recordó que 2025 ha sido “uno de los mejores años de los últimos tiempos, con embalses en niveles óptimos y sin déficit en la cuenca del Tajo”.

Según Cano, la imposición de caudales ecológicos de 8,6 metros cúbicos por segundo carece de justificación científica y responde únicamente a “compromisos políticos”. “No hay razones técnicas ni hidrológicas para castigar al Levante”, añadió.

Reclaman una rectificación

El PP exige una “rectificación inmediata” del Gobierno para evitar lo que consideran una “caza política del trasvase”. Cano insistió en que el Tajo-Segura garantiza no solo el abastecimiento urbano, sino también el desarrollo agrícola, industrial y comercial del sureste peninsular.

“España no necesita recortes ideológicos, sino políticas de agua basadas en la técnica, la solidaridad y la responsabilidad. Quien juega con el agua del Levante, juega con la vida y el futuro de millones de españoles”, concluyó.