La Región de Murcia encabeza el ranking nacional de abandono de tierras agrícolas. Un informe de Cocampo revela que el 33,2% de la superficie agraria regional permanece improductiva, frente a una media nacional que apenas alcanza el 7,9%. La cifra, que supone que una de cada tres hectáreas está sin cultivar, choca con la imagen internacional de Murcia como la “huerta de Europa”, motor exportador de frutas y hortalizas.

El fenómeno tiene varias causas entrelazadas: la hiperregulación administrativa, las dificultades económicas para los pequeños y medianos agricultores, el envejecimiento de la población agraria y la falta de relevo generacional. En España, la edad media de los responsables de explotaciones agrícolas es de 61,41 años. El 41,3% supera los 65, mientras que solo un 3,9% tiene menos de 35. Una tendencia que, en el caso de Murcia, donde el 40% de la superficie está destinada a la agricultura, adquiere una dimensión especialmente crítica.

Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, advierte de las consecuencias: “Los jóvenes murcianos no encuentran atractivo por un sector demonizado, cargado de trabas burocráticas e inútiles, y con escasa rentabilidad. El resultado es evidente: fincas abandonadas, explotaciones sin continuidad y una creciente concentración de tierras en manos de inversores o grandes corporaciones”.

El impacto va más allá de la producción. Cocampo recuerda que el 48,3% de los municipios españoles está en riesgo de despoblamiento y que, en la última década, ocho de cada diez localidades rurales con menos de 5.000 habitantes han perdido población, con 410.000 habitantes menos. Menos actividad agraria significa menos empleo, menos servicios y más despoblación. “Cada hectárea abandonada no solo deja de producir alimentos: arrastra consigo actividad económica, empleo y arraigo social”, resume Corbalán, quien alerta de una pérdida efectiva de soberanía alimentaria.

El abandono del campo también se relaciona con el aumento de los incendios forestales. Desde SOS Rural subrayan que la conservación de los espacios naturales exige planificación y una política activa de apoyo al sector agrario. “La ausencia de medidas reales solo consigue agravar el problema”, señala Corbalán, quien ha trasladado su apoyo a las familias que han perdido su medio de vida por el fuego y a los equipos que combaten las llamas.

Ante este escenario, la organización plantea un conjunto de medidas urgentes. Entre ellas, una Ley de Agricultura Familiar que reconozca la singularidad del modelo español y lo proteja frente a la especulación; un plan de acceso a la tierra para jóvenes agricultores, con bancos de tierras, arrendamientos bonificados o compra pública de fincas, en un contexto en el que la hectárea en Murcia cuesta de media 32.491 euros y ha subido un 28,7% en tres años; y un sistema de financiación adaptado, con líneas de crédito blandas, microfinanciación y avales públicos, en un momento en el que los préstamos hipotecarios para el sector están en mínimos históricos.

“Sin agricultores, no hay comida”, concluye Corbalán, insistiendo en que revertir la tendencia requiere medidas sostenidas en el tiempo, coherentes y capaces de garantizar el futuro del campo y de la soberanía alimentaria.