La Audiencia Nacional ha puesto sentencia, por primera vez, a la rama en la Región de Murcia de la Operación Púnica, una investigación que desde 2014 sacudió la política española al destapar una red de corrupción en varias comunidades. La resolución condena a cuatro años de cárcel al exconsejero de Turismo Juan Carlos Ruiz y al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, además de imponer penas similares a otros altos cargos y empresarios implicados en el desvío de fondos públicos hacia trabajos de reputación digital.
El tribunal considera probado que, a mediados de la pasada década, se utilizaron recursos públicos para financiar informes y servicios destinados a mejorar la imagen personal de responsables políticos en internet, una práctica encubierta que nada tenía que ver con la gestión institucional. Según la sentencia, la finalidad última era apuntalar la proyección de Ruiz como posible candidato del Partido Popular en las elecciones autonómicas de 2015.
En el esquema participaban también la entonces directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez Robles, y el jefe de gabinete de la Consejería, José Fidel Saura, que han recibido penas de prisión e inhabilitación. El empresario Alejandro de Pedro Llorca, señalado como uno de los “conseguidores” de la trama en varias autonomías, también ha sido condenado a cuatro años.
La resolución judicial detalla que Alonso actuó como intermediario al ofrecer estos servicios digitales a la Consejería de Turismo, en beneficio de Ruiz, a cambio de que las empresas de De Pedro fueran las adjudicatarias de contratos públicos diseñados a medida. Los trabajos incluyeron un “Informe de Percepción Inicial” confidencial que fijaba la hoja de ruta de la estrategia digital.
Además de las condenas principales, el tribunal impone penas menores a otros implicados: el secretario general del Instituto de Turismo, Jesús Norberto Galindo, con un año de cárcel por fraude, y los empresarios Francisco Javier Bueno y Sara Gargallo, condenados como cómplices.
La sentencia absuelve, en cambio, a varios acusados del delito de prevaricación, entre ellos Alonso y De Pedro, y recoge un voto particular de una de las magistradas que cuestiona tanto la inclusión de algunas personas en la pieza como la calificación de cohecho.
El fallo no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo. Con todo, marca un hito judicial en la Región de Murcia: más de diez años después de iniciarse las pesquisas, la Audiencia Nacional confirma que la trama Púnica también dejó su huella en la política de la Región, con dirigentes condenados por usar dinero público en beneficio privado y partidista.
