El presidente de CROEM, Miguel López Abad, defendió este martes ante la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua la cuarta ley de simplificación administrativa, al considerar que “aliviar cargas burocráticas, acortar plazos y modernizar la Administración” resulta clave para la competitividad y la creación de empleo en la Región de Murcia.

“Cada día que pasa con trámites innecesarios es un coste añadido y una pérdida de oportunidades”, subrayó durante la audiencia legislativa del Proyecto de Ley.

López Abad enmarcó su intervención en un contexto de “elevada incertidumbre geopolítica y mercados más exigentes”. Recordó que la patronal, que asegura representar a más de 140.000 activos empresariales entre autónomos y empresas, ha trabajado junto a sus asociaciones sectoriales para identificar “cuellos de botella” susceptibles de corrección en el ámbito regional.

“Hablamos de simplificar sin vulnerar normas europeas o estatales; mejorar plazos e inversiones es necesario para una región históricamente infrafinanciada”, apuntó, recalcando que en agosto “la Región creó empleo frente a la tónica nacional”.

El representante empresarial señaló como problemas recurrentes la duplicidad de documentación entre administraciones y el exceso de legislación, que “obliga a subcontratar o ampliar plantillas solo para cumplir trámites”, lo que, según indicó, “ha supuesto un aumento de costes por encima del 60% en los últimos años” y una pérdida de competitividad.

También defendió la “confianza legítima” en la actuación empresarial y reclamó que “los procedimientos no se multipliquen hasta veinte pasos para ampliar o modernizar una actividad”.

López Abad avanzó que CROEM pondrá en marcha un plan de formación sobre la nueva norma en Cartagena, Caravaca, Lorca o Yecla, además de colaborar con la Consejería de Empresa en la capacitación de personal funcionario con casos prácticos. Asimismo, propuso la creación de una comisión de seguimiento para verificar el cumplimiento de la ley. “Si hay mejoras técnicas que perfeccionen el texto y no afectan a normas superiores ni al medio ambiente, las apoyaremos, vengan del grupo que vengan”, aseguró.

Reacciones de los grupos parlamentarios

En el turno de los grupos, el socialista Alfonso Martínez expresó que su formación comparte el objetivo de simplificar, pero discrepó de “la forma en que el Gobierno regional aborda este problema”. Reclamó una norma “con vocación de permanencia”, con garantías suficientes para proteger el medio ambiente y el patrimonio, así como evitar demoras por falta de medios en la tramitación.

Desde Vox, Virginia Martínez apoyó la simplificación por considerarla “necesaria para emprendedores y empresas” y propuso “eliminar dos o tres normas por cada ley nueva”. Mostró preocupación porque “esta podría ser ya la séptima ley de simplificación” y reclamó que su implementación sea real, con formación adecuada, información a ciudadanía y empresas, y una evaluación trimestral de resultados.

Por el Grupo Mixto, María Marín (Podemos) criticó que el texto esté “hecho al dictado de la patronal”, advirtiendo de que “beneficiará a grandes promotores inmobiliarios y multinacionales”. Frente a ello, reivindicó “los intereses de la clase trabajadora” y reclamó, entre otras medidas, la subida del salario mínimo.

La diputada del PP, María Casajús, defendió el proyecto por su “impacto directo en el tejido productivo y en la economía regional”. Recordó que el Gobierno regional optó inicialmente por el decreto ley para responder con rapidez a una demanda social, aunque después se recondujo a tramitación parlamentaria. Añadió que esta cuarta ley “nace de la experiencia acumulada” y corrige “cuellos de botella detectados en las anteriores”, reivindicando la doctrina de la “confianza legítima” como avalada por el ordenamiento europeo.