Presentación del informe titulado 'Impacto socioeconómico del trasvase Tajo-Segura en España (2024)', encargado por Scrats.
La aportación al Producto Interior Bruto (PIB) nacional de las actividades económicas desarrolladas en la zona del trasvase Tajo-Segura ascendió a 3.912 millones de euros en 2024, un 29,8 por ciento más que en 2019, según el informe titulado 'Impacto socioeconómico del trasvase Tajo-Segura en España'.
El estudio, elaborado por la red mundial de firmas de servicios profesionales PriceWaterhouseCoopers (PwC), indica que las actividades de agricultura, comercialización y transformación en las provincias del trasvase Tajo-Segura mantuvieron un total de 102.894 empleos en 2024, lo que supone un 5,8 por ciento más que en 2019.
También valora el impacto que tiene el uso de aguas subterráneas en agricultura, y, en este sentido, indica que éstas fueron responsables de producir casi 583 millones de euros en cultivos de regadío en 2024, lo que se traduce en un impacto de 668 millones de euros en PIB y 31.428 puestos de trabajo.
Durante su intervención, López Miras ha afirmado que "la hoja de ruta del Gobierno central en materia de agua condena a la Región de Murcia a la sequía, y cuando hablo de sequía no me refiero sólo a agua, sino también a la sequía social y económica".
Esa hoja de ruta del Gobierno de España, ha precisado, tiene como ejes "el recorte del 50 por ciento del trasvase y el cierre de numerosos acuíferos" que permiten el riego de zonas agrícolas, todo ello desde 2027. Ante esas amenazas que "condenan nuestro futuro", el presidente ha asegurado que "no vamos a permitir esta tropelía, y el Gobierno de la Región de Murcia va a estar al lado de los agricultores y regantes".
Para el presidente, la carencia de recursos hídricos derivada del recorte del trasvase se hará mucho más grave con el cierre de acuíferos a partir de 2027, y esta decisión "va a suponer que haya 28.000 hectáreas para agricultura menos, 400 hectómetros cúbicos menos, hasta 700 millones de euros de pérdidas y la destrucción de casi 30.000 puestos de trabajo".
El Ministerio, según la Comunidad, no ha planteado ninguna solución que pueda suplir en tiempo y forma los recursos hídricos que se perderían con el cierre de los acuíferos. Esta situación afectaría especialmente al Altiplano, que depende en mayor medida de las aguas subterráneas.
Por lo que respecta al estudio presentado por los regantes, López Miras lo ha calificado como "serio y riguroso" y ha agregado que "muestra la importancia que tiene el trasvase Tajo-Segura no sólo para la agricultura, sino para la Región como sociedad y para España también. La trascendencia del trasvase va más allá de un sector o de un territorio".
Sin embargo, ha advertido sobre posibles consecuencias negativas derivadas de la reducción planificada de aguas subterráneas a partir de 2027 al afirmar que esos datos, que hablan de creación de empleo, de competitividad, de sostenibilidad, de sumideros de CO2, pueden dividirse por la mitad" si se aplica la reducción del 50% prevista en el plan de Cuenca.





