El exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá. Foto de archivoEste lunes, a las 10.00 horas en la Sala 1 de la Audiencia Provincial, comienza el juicio para los siete acusados —uno de ellos falleció en 2019— en el caso 'Novo Carthago'. El calendario del proceso judicial incluye 20 jornadas desde el 29 de septiembre al 11 de noviembre.
El caso 'Novo Carthago' se inició tras la recalificación de terrenos próximos al Mar Menor, en la zona de San Ginés de la Jara, para la construcción de unas 10.000 viviendas. Estos terrenos ocupaban áreas naturales protegidas y por tanto no urbanizables.
Los delitos imputados a los responsables de esta recalificación son prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Están implicados, entre otros, los exconsejeros de Agricultura, Antonio Cerdá, y de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana. También figuran como investigados antiguos responsables de Calidad Ambiental, Vivienda y Ordenación del Territorio.
En concreto, C.B.M., el que fuera director general de Medio Natural, estaba acusado por la manipulación del PORNreiniciado el 12-6-2003, aunque falleció en 2019. El exconsejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá, está acusado de manipular el PORN de Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y Cabezo Gordo y de actuar posteriormente en favor del proyecto.
M.A.F.C., asesora eventual para apoyo jurídico del exconsejero Cerdá, también está acusada por su participación en la manipulación del PORN y por las autoimposiciones bancarias de 125.000 euros entre los años 2003-2006.
El cuarto acusado, A.A.P., exdirector general de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, fue autor de la DIA y está acusado de participación en dicho expediente. Mientras que J.M.R.C., que fue subdirector de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, está acusado por sus informes; también fue director general de Turismo y subdirector de Urbanismo como cargo de libre designación.
Por otro lado, M.A.G.Z., exdirector general de Administración Local y director general de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, está acusado por sus informes, por su solicitud de informe al DG de Calidad Ambiental y su propuesta de Orden de aprobación definitiva.
L.M.R.A., asesor jurídico de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, está acusado por un informe jurídico; y el exconsejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, por su intervención en la MP nº 113 y el dictado de las Órdenes de aprobación definitiva.
Con todo ello, a Antonio Cerdá, como autor del concurso ideal del delito de falsedad en documento público y delito continuado de prevaricación, se le pide una pena de 3 años y 6 meses de prisión, 14 meses de multa a razón de 30 euros de cuota diaria y 3 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo y cargo público, con responsabilidad subsidiaria por impago de la multa de 1 día de prisión por cada 2 cuotas impagadas.
Para M.A.F.C., por el concurso ideal del delito de falsedad en documento público y cooperadora necesaria en prevaricación, se pide 3 años y 3 meses de prisión, 10 meses de multa a razón de 30 euros de cuota diaria y 3 años y 3 meses de inhabilitación especial para empleo y cargo público, con la misma responsabilidad subsidiaria. Además, se solicita 5 meses de prisión por blanqueo de capitales (con 1 mes por impago) y una multa de 125.000 euros, así como el decomiso de dicha cuantía.
Por otro lado, para los acusados Joaquín Bascuñana y A.A.P., se piden 6 años y 6 meses de inhabilitación para empleo o cargo público como autores del delito de prevaricación del art. 404 CP (dado que no son funcionarios, la inhabilitación se aplicaría para ocupar puesto de elección discrecional en la Administración o en entes u organismos participados por la Administración Pública).
Para el resto de partícipes en el delito de prevaricación —J.M.R.C., M.A.G.Z. y L.M.R.A.— se pide la pena de 5 años y 6 meses de inhabilitación de empleo o cargo público con pérdida de su condición de funcionario público.



