La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentará este martes en el Consejo de Ministros la tramitación urgente del nuevo registro horario, que se aprobará mediante Real Decreto, sin necesidad de pasar por las Cortes.

La decisión responde al rechazo en el Congreso del proyecto de ley que planteaba la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales y que incluía la reforma del registro horario. Con esta vía, Trabajo busca garantizar un sistema de control laboral que permita a la Inspección de Trabajo vigilar de manera “masiva y cotidiana” el cumplimiento de las jornadas.

El 11 de septiembre, horas después del rechazo parlamentario, el Ministerio abrió a consulta pública previa el borrador del Real Decreto. El plazo de aportaciones concluyó el pasado viernes y ahora el texto pasará a audiencia pública, al Consejo de Estado y a la Agencia de Protección de Datos, antes de su aprobación definitiva.

Fuentes de Trabajo anticipan que la CEOE recurrirá la norma, como ya ha hecho con otras reformas, pero aseguran que el decreto cuenta con “base legal sólida”. Tanto el Ministerio como CCOO y UGT consideran esta reforma “clave” para combatir el fraude masivo de las 2,6 millones de horas extraordinarias no pagadas que se realizan cada semana en España.

El texto subraya que el registro horario debe proteger al trabajador no solo en lo retributivo, sino también en su derecho a la conciliación, a la desconexión digital y a la salud laboral.

Registro electrónico y acceso remoto

El reglamento prevé que los trabajadores realicen personalmente los asientos, identificando interrupciones y diferencias entre tiempo efectivo y de disponibilidad. Además, plantea que el registro sea electrónico, con sistemas de verificación de identidad y de acceso inmediato y remoto, incluyendo garantías de autenticidad como sellos de tiempo.

Los registros deberán estar a disposición de los trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo. También se contempla que los representantes sindicales tengan acceso regular a la información y participen en la modificación de los datos.

Aunque este Real Decreto no incluye el aumento de sanciones previsto en el proyecto de ley rechazado, Trabajo mantiene la intención de reforzar en el futuro el régimen sancionador.

Desde el Ministerio se defiende que la aprobación por Real Decreto es “apropiada y necesaria” para garantizar el cumplimiento de la normativa europea y nacional, así como la efectividad del Estatuto de los Trabajadores en materia de jornada y derecho a la desconexión.