El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 prevé una inversión de 7.000 millones de euros, el triple de lo destinado en el plan anterior, con el objetivo de reforzar la construcción y gestión de vivienda pública en España. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Estado financiará el 60% de la inversión, mientras que las comunidades autónomas deberán asumir el 40% restante.

Entre las regiones más beneficiadas se encuentran Murcia y Asturias, que verán multiplicado su presupuesto respecto al plan anterior. En la Región de Murcia, la dotación pasará de 50,7 millones a 308 millones de euros, lo que supone un incremento del 506%. En Asturias, la partida alcanzará los 231 millones, frente a los 56 millones del plan 2022-2025.

Otras comunidades también verán crecimientos notables: Andalucía llegará a 1.197 millones, Cataluña a más de 1.015 millones y la Comunidad de Madrid a 1.113 millones. Según el Ministerio, el reparto responde a criterios pactados en conferencia sectorial y fija de manera uniforme el porcentaje de cofinanciación autonómica en el 40%.

Sin embargo, esta exigencia ha desatado (de nuevo) un fuerte choque político. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular —que incluyen Madrid, Andalucía, Castilla y León o Galicia— han criticado lo que consideran una imposición del Gobierno central. El consejero de Vivienda de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, calificó la medida de “unilateral y autoritaria” y denunció la “falta de lealtad institucional” del Ministerio.

Las autonomías del PP sostienen que el plan convierte a los gobiernos regionales en “meros ejecutores” y no en protagonistas de las políticas de vivienda, además de advertir que la generalización de subvenciones puede provocar un aumento de los precios en el mercado. Reclaman mayor capacidad de decisión en el diseño y aplicación de las medidas, así como un reparto competencial equilibrado.

Desde el Gobierno, en cambio, se defiende que el esfuerzo presupuestario será homogéneo para todas las comunidades, y que la menor subida porcentual en Cataluña responde a que ya superaba el 40% de aportación en la convocatoria anterior. Además, subrayan que el plan no solo se limita a la financiación, sino que persigue blindar el parque público de vivienda de forma permanente e implantar un sistema de datos públicos de vivienda, gestionado a través de las autonomías, para aumentar la transparencia.

El debate político se mantiene abierto mientras las cifras dibujan un escenario inédito: el mayor esfuerzo inversor en vivienda pública en democracia, pero también un nuevo motivo de confrontación entre el Ejecutivo central y las comunidades gobernadas por el PP.