El concejal del área de Gobierno de Litoral y Sanidad del Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel, ha repasado la actualidad política y municipal en una entrevista en Las Mañanas de MurciaEconomía Radio. Como portavoz del grupo municipal de Vox, ha avanzado las líneas de trabajo de su formación de cara al próximo pleno del 9 de octubre, en el que marcarán perfil propio frente a sus socios de gobierno.

Uno de los puntos centrales será una moción en defensa de las comunidades cristianas perseguidas, en la que Vox insta al Ministerio de Asuntos Exteriores a activar protocolos de protección y apoyo legal en el extranjero. “Estamos ante el colectivo más perseguido del mundo actualmente, especialmente en África, donde aldeas e iglesias son arrasadas sin que esto tenga apenas eco mediático”, denunció López Pretel.

Otro de los debates será la falta de efectivos policiales en la Región de Murcia, donde se sitúa por debajo de la media nacional. Vox apoyará la petición de refuerzos, pero pondrá el foco en la “inseguridad de baja intensidad” que sufren las zonas rurales del Campo de Cartagena. “Muchos vecinos no denuncian los robos porque piensan que no sirve de nada o porque deben desplazarse a dependencias lejanas”, explicó. Su propuesta pasa por habilitar funcionarios en oficinas municipales para ayudar a formalizar denuncias telemáticas, de forma que estos pequeños delitos queden registrados y se pueda dimensionar el problema real.

También se pronunciarán en contra de la propuesta socialista para que la Comunidad Autónoma acepte la llamada “condonación” de deuda. López Pretel calificó la medida como “un engaño más”. “Esto no es una condonación, es una mutualización. Se trata de repartir entre todos los españoles la deuda catalana, generada en parte para financiar embajadas y procesos independentistas. Es la prueba de que el Estado de las Autonomías es el mayor foco de corrupción y gasto desmesurado”.

En su faceta como responsable de litoral, el concejal hizo balance del verano, que calificó de “récord” en ocupación hotelera y visitas. Sin embargo, lamentó que los chiringuitos hayan visto caer su rentabilidad por los cambios en las condiciones impuestas por la Dirección General de Costas. “Se les ha obligado a separar las hamacas más de 50 metros, a modificar pasarelas y condiciones que en otros lugares como Alicante no se aplican, lo que ha generado pérdidas y problemas logísticos”, explicó. A pesar de ello, aseguró que desde el Ayuntamiento “se ha hecho todo lo posible” para adaptar uno a uno los planos y remitirlos a Costas, aunque “no ha servido de momento”.

Respecto al debate sobre la creación de un nuevo municipio en La Manga del Mar Menor, López Pretel, también concejal de distrito de la zona, fue tajante: “Sería una pérdida para Cartagena, pero aún más para los propios vecinos. El Ayuntamiento gasta más dinero en esa zona del que ingresa, y el estudio de viabilidad no da respuestas claras. Un nuevo consistorio no mejoraría los servicios”. Recordó además que ya existe un consorcio entre Cartagena y San Javier para coordinar las políticas en la franja litoral.

En cuanto a la prestación de servicios en La Manga, reconoció que “todo es mejorable”, pero defendió la inversión de “casi un millón y medio de euros” en mobiliario, lavapiés, pasarelas y dotaciones para baño asistido, “la más alta en los últimos años”. “La Manga tiene una singularidad que obliga a coordinar cada detalle, pero se ha mejorado notablemente”, añadió.

López Pretel también analizó el último CEMOP estival, que sitúa a Vox como segunda fuerza regional. “No nos fijamos en las encuestas, pero la tendencia es clara. Los problemas que denunciamos hace diez años —inmigración ilegal descontrolada, inseguridad, un Estado hambriento de impuestos— ya no se pueden esconder. La gente identifica quién lleva tiempo diciéndolo”, afirmó.

Sobre su relación con el PP en Cartagena, marcó distancias: “Lo mismo no somos. Tenemos principios y valores claros que el PP ha ido abandonando. Nosotros no nos movemos, son ellos los que cambian”. Como ejemplo, citó decisiones como "el cierre de la residencia de la calle Caballero, la supresión de subvenciones a ONG que —según Vox— fomentan la inmigración ilegal, y la implantación de ayudas de 200 euros por nacimiento", medidas que, asegura, “no habrían salido adelante sin Vox”.