La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, pedirá hoy al Gobierno que reforme el real decreto con medidas para paliar el problema de los desahucios en familias en riesgo de exclusión social, para que tenga un ámbito de aplicación más amplio y se extienda así a otros supuestos o circunstancias económicas.

En concreto, Becerril se lo planteará esta tarde a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tal y como ha anunciado en su comparecencia ante la comisión Mixta Congreso-Senado, donde ha presentado el informe de gestión 2011 de la institución, en el que "se percibe la crisis", y ha planteado nuevas recomendaciones para luchar contra los desahucios.

Además de reformar el citado real decreto aprobado en marzo, la Defensora ha recomendado que se regule un procedimiento para declarar insolvente a las familias, con plazos y prórrogas que hagan el pago más flexible, y ha insistido, como ya lo hizo en enero, en la necesidad de establecer antes del desahucio un acto previo de conciliación entre las partes, en el que el juez tenga la facultad de imponer un acuerdo razonable.