El refuerzo del plan fiscal regional ha permitido a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM) elevar la recaudación derivada de las actuaciones de control e inspección hasta los 13 millones de euros en los nueve primeros meses del año. Se trata de un incremento del 26,4% respecto al mismo periodo de 2024, impulsado por un mayor número de actuaciones y por la aplicación de nuevas herramientas de gestión tributaria.

Entre enero y septiembre, la ATRM ha realizado 4.960 actuaciones inspectoras, frente a las 4.542 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un aumento del 9,2%. La estrategia ha estado especialmente dirigida a tributos cedidos, como Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD), donde se concentra buena parte del incremento.

Según explicó el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, estos resultados son fruto de una política basada en prevención, eficacia y justicia tributaria. “La lucha y prevención del fraude fiscal es una prioridad estratégica para el Gobierno regional, y estos resultados evidencian que las medidas están funcionando”, señaló.

La mejora no se ha limitado a incrementar el número de inspecciones. El plan regional ha incorporado inteligencia artificial para optimizar la selección de expedientes y mejorar el análisis de la información tributaria disponible, lo que permite enfocar los esfuerzos en los casos con mayor riesgo de fraude. Además, se ha reforzado la coordinación interna entre unidades administrativas y con otras administraciones, aplicando un enfoque integral a los tributos interrelacionados.

Otra de las líneas destacadas ha sido la intensificación de los procedimientos de comprobación de valores, adaptados a los nuevos criterios jurisprudenciales para garantizar mayor seguridad jurídica. Todo ello se enmarca en el Plan de Control Tributario, que combina actuaciones preventivas con herramientas tecnológicas y mejoras organizativas.

“El objetivo es ofrecer más claridad, transparencia y seguridad jurídica a los contribuyentes, al tiempo que protegemos los recursos públicos que sostienen el bienestar común”, concluyó Marín.