El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado para este lunes, 20 de octubre, a las 9.30 horas la primera reunión con sindicatos y empresarios para abordar la reforma del despido en España, uno de los compromisos recogidos en el programa de Gobierno de PSOE y Sumar.

La cita estará presidida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, mano derecha de Yolanda Díaz, que volverá a encabezar una de las mesas de diálogo social más delicadas de la legislatura.

Un mandato europeo pendiente de cumplir

El impulso a esta reforma llega tras las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), con sede en Estrasburgo, que en julio de 2024 y junio de 2025 concluyó que España vulnera la Carta Social Europea en lo relativo a la protección frente al despido.

El CEDS considera que la indemnización por despido improcedente, 33 días por año trabajado, no es suficientemente elevada ni disuasoria para el empresario, y que no garantiza una reparación efectiva del daño causado al trabajador.

Las resoluciones, derivadas de las denuncias de UGT y CCOO, reprochan que el sistema español no permite adaptar la compensación al perjuicio real ni tener en cuenta las circunstancias personales del afectado.

Por unanimidad, el Comité determinó que España viola el artículo 24.b de la Carta Social Europea, tanto en la indemnización por despido improcedente como en los casos de trabajadores temporales contratados en fraude de ley.

La posición del Supremo: no se puede elevar por vía judicial

Aunque algunos tribunales españoles habían empezado a aumentar las indemnizaciones apoyándose en el fallo europeo, el Tribunal Supremo frenó esa tendencia.

En una sentencia de julio de 2025, el Alto Tribunal estableció que no se puede incrementar la compensación por despido improcedente por vía judicial, ya que las resoluciones del CEDS no son ejecutivas ni directamente aplicables.

El Supremo argumenta que la referencia a una “indemnización adecuada” del artículo 24 de la Carta Social Europea es demasiado inconcreta y requiere una intervención legislativa para tener efectos prácticos.
Además, subraya que la indemnización tasada vigente en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores “ha ofrecido seguridad jurídica y uniformidad” a lo largo del tiempo.

Los sindicatos piden una reforma “disuasoria y reparadora”

Tras las resoluciones del CEDS, CCOO y UGT reclamaron al Ministerio de Trabajo que activara la negociación cuanto antes.

Su objetivo es que la futura ley contemple una compensación que realmente disuada al empresario de recurrir a despidos improcedentes y que repare el daño moral y económico del trabajador.

La propia Yolanda Díaz confirmó hace unos días que la mesa de diálogo comenzaría este lunes, con la intención de abrir un proceso de negociación “ambicioso y realista”.

Recelos en la patronal

La CEOE, presidida por Antonio Garamendi, ha mostrado su malestar por la iniciativa.
El dirigente empresarial ha acusado a Díaz de practicar un “monólogo social” y de tomar decisiones “partidistas”, en lugar de buscar consensos.

En respuesta, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, le recordó recientemente que “estar en una mesa de diálogo no es sólo calentar la silla”, sino participar con propuestas y voluntad de acuerdo.

El Ministerio insiste en que el diálogo social seguirá siendo la vía para abordar esta reforma, que podría redefinir las reglas del despido en España tras más de una década sin cambios estructurales.