El expresidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha declarado este lunes en calidad de testigo ante la Audiencia Provincial en el juicio por el caso Novo Carthago, una de las grandes causas judiciales derivadas del urbanismo desmedido de principios de los 2000 en el entorno del Mar Menor. El proceso analiza la recalificación de terrenos con protección ambiental para permitir la construcción de un complejo turístico de lujo impulsado por la promotora Hansa Urbana, con miles de viviendas, hoteles y un campo de golf. En el banquillo se sientan varios ex altos cargos del Gobierno regional, entre ellos los exconsejeros Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, acusados de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.

El expresidente autonómico, no figura entre los acusados, aunque en fases iniciales fue señalado por los jueces como figura clave en la tramitación del proyecto. Por tanto, su testimonio se considera relevante para esclarecer el papel del Gobieron autonómico en la modificación del PGOU de Cartagena y el PORN. 

Los delitos imputados a los responsables de esta recalificación son prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Están implicados, entre otros, los exconsejeros de Agricultura, Antonio Cerdá, y de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana. También figuran como investigados antiguos responsables de Calidad Ambiental, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Durante su comparecencia, Valcárcel se desmarcó de toda decisión vinculada al proyecto y negó haber tenido un papel directo en su tramitación. “Deciden el consejero, los directores generales y un buen número de funcionarios”, aseguró el exmandatario autonómico, quien insistió en que nunca dio “el visto bueno” al plan. Según su testimonio, su conocimiento del proyecto se limitó a la invitación que recibió en 2003 para asistir a su presentación en un hotel de La Manga, un evento organizado por la promotora.

El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, trató de esclarecer el alcance de las reuniones entre miembros del Ejecutivo regional y representantes de Hansa Urbana. Valcárcel negó haber participado en ningún encuentro con la empresa y aseguró no haber recibido información sobre Novo Carthago ni por parte de la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, ni de otros responsables políticos. También justificó la paralización de una recalificación previa en el saladar de Lo Poyo, incluida en el mismo ámbito, por “dudas políticas”, no por cuestiones técnicas.

Desde la acusación particular, representada por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), se considera que Novo Carthago simboliza el urbanismo especulativo de aquella época. Su director, Pedro García, recordó que el propio Valcárcel participó en actos de presentación del proyecto y subrayó que su Gobierno llegó a desclasificar más de 11.000 hectáreas de espacios protegidos. “Si la justicia hubiera actuado con mayor rapidez, quizá muchas de las operaciones desmesuradas de bancos y cajas ligadas al ladrillo no se habrían producido”, apuntó.

El origen de este caso se remonta a la Modificación Puntual nº 113 del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, que alteró la protección de espacios naturales como el saladar de Lo Poyo, catalogado como Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves. Aunque los técnicos emitieron informes desfavorables, la Declaración de Impacto Ambiental acabó siendo aprobada. El abogado de ANSE, José Manuel Muñoz, destacó que se emitieron dos informes contradictorios y que finalmente “se eligió el que resultaba favorable a los intereses de la promotora”.

Valcárcel, retirado de la primera línea política desde 2014, mantiene además otra causa pendiente, el caso Desaladora, por presunta corrupción en la construcción y explotación de la planta. La Fiscalía solicita para él más de once años de prisión y cerca de dos décadas de inhabilitación, en un proceso que investiga un presunto fraude de 600 millones de euros. El juicio por esa causa comenzará en 2027, con el expresidente murciano nuevamente ante los tribunales por los excesos del ciclo del ladrillo en la Región de Murcia.

El juicio, que comenzó el pasado 29 de septiembre, se prolongará hasta el 11 de noviembre con una veintena de sesiones. Está presidido por el magistrado Álvaro Castaño Penalva, quien también será el ponente de la sentencia.