Con energía cristalina y una voz que conoce la urgencia de esta década, Margarita Guerrero Calderón, directora general del Instituto de la Juventud de España (INJUVE), desgrana en esta entrevista con EconomíaRadio Murcia los grandes retos que acechan a los jóvenes: acceso a la vivienda, empleo digno, salud mental, migraciones y entornos digitales. Sin medias tintas, la conversación deja claro que no se trata solo de políticas de parche, sino de reconstruir las condiciones para que una nueva generación pueda respirar y proyectar su futuro sin ahogarse en la especulación, la precariedad o el aislamiento.

Guerrero reconoce que “este último tramo del 2025 se presenta con mucha actividad”. El INJUVE, como muchas administraciones, encierra dos lecturas simultáneas: cerrar el ejercicio actual y proyectar el próximo. Pero lo que más le preocupa no es tanto el calendario como las herramientas: “Contamos con presupuestos prorrogados de años anteriores… lo urgente es que sean más expansivos porque nos enfrentamos a nuevos desafíos que requieren nuevas políticas públicas”.

Porque, para ella, no basta con mantener lo hecho. “La juventud demanda que sus políticas no solo se sostengan, sino que evolucionen”, afirma. Sin unos presupuestos que permitan actuar y sin que se garanticen las leyes ya aprobadas, advierte que “nos estaremos quedando atrás”.

Vivienda: el eslabón perdido para emanciparse

La cuestión del acceso a la vivienda se lleva gran parte del tiempo de la directora. “Nos enfrentamos a una generación inquilina”, expone, más del 50% de las personas jóvenes que se emancipan lo hacen en alquiler, frente a apenas un 19% en el resto de la población. Y ahí radica "el origen de una de las mayores fracturas generacionales"

La solución, para ella, pasa por considerar la vivienda como un derecho. Señala que la ley de vivienda ya contempla instrumentos como la declaración de “zona tensionada” para topar los precios, pero que “las comunidades autónomas deben abandonar la insumisión” y hacerla cumplir. Y va más allá, “el grupo SUMAR ha presentado una PNL que apuesta por destinar el 2% del PIB para generar un parque público de vivienda en alquiler asequible”.

Ya en clave regional, la Región de Murcia recibirá 8,8 millones para el bono alquiler joven 2025, pero Guerrero es contundente, ya que estas ayudas, sin techo al alquiler ni criterios socio-económicos, “pueden convertirse en una transferencia de dinero público a manos privadas”. Ella lo resume así, “cuando no existe un tope del alquiler, los arrendatarios suben los alquileres y lo que debiera ser alivio se convierte en inflador de precios”.

"Se requiere replantear qué políticas públicas hacemos en materia de vivienda y robustecer ese parque público para que el acceso no dependa sólo del orden de llegada”, declara.

El problema de salud mental entre los jóvenes es tratada por Guerrero como una consecuencia y no solo como una causa. “Estamos ante un malestar social”, comenta, y traza el puente entre vivienda precaria, empleo inestable, endeudamiento universitario y exposición digital abusiva. No basta con dar cita al psicólogo. “No podemos dar soluciones individuales a problemas colectivos o sociales”.

El INJUVE aborda la salud mental desde un enfoque preventivo, no patologizante, “vivimos en un país con un elevadísimo consumo de benzodiazepinas. No se trata de medicalizar la pobreza ni el malestar social, sino de promover bienestar emocional”, recalca. Un hallazgo reciente es que "la elevada exposición a entornos digitales está vinculada con la soledad no deseada y otros efectos nocivos para la salud emocional".

En este contexto, casos como el suicidio de Sandra, una niña de 14 años víctima de acoso escolar en Sevilla, refuerzan lo expuesto. “Si en un centro no se detectan casos no es que no los haya, sino que no tienen mecanismos para hacerlo o no se activan". Y añade que “actuar sin una mirada adultocéntrica, sin estigma, es imprescindible para generar entornos seguros”.

¿Se plantea el INJUVE limitar el acceso a ciertos contenidos o regular el papel de los youtubers? La respuesta de Guerrero es directa: “La libertad de expresión es un derecho. Pero la opinión de todo el mundo no vale”. En este frente, destaca la futura Ley de Entornos Digitales Seguros que el Ministerio de Juventud e Infancia impulsa, "es una ley pionera”, explica.

Con una analogía que aclara el alcance, Guerrero declara que “no nos imaginamos una red de tráfico sin reglas. Hemos normalizado que en el espacio virtual no existan normas, derechos o forma de hacerlos valer”. Y el problema no es solo el anonimato o los datos, “los entornos digitales están privatizados, dominados por algoritmos que mercantilizan la atención y los datos, y los estados deben intervenir”.

Cuando se habla de infancia y adolescencia, el foco adquiere gravedad. “Hay grupos que comparten contenido no autorizado de sus parejas; hay escándalos recurrentes. Eso solo es posible porque hay impunidad”. Y la clave está en la corresponsabilidad: empresas, familias e instituciones deben actuar, no solo prohibir. “Prohibir no basta. Se necesita alfabetización digital, regulación y que el bien común prevalezca sobre los intereses empresariales”.

Negacionismos, migraciones y el mapa del joven abierto

Vivimos en una era de contradicciones, una generación conectada al máximo y al mismo tiempo vulnerada por discursos de odio. Guerrero lo sintetiza con realismo, “tenemos una generación que tiene múltiples accesos a la información… y sin embargo hay una creciente tendencia a negar fenómenos como la violencia de género, la elegitifobia, el cambio climático”. ¿Por qué? Porque detrás están algoritmos, polarización y poder.

“Los discursos racistas, xenófobos, machistas o anticiencia circulan con más facilidad que nunca; la polarización se monetiza”. Frente a eso, ella insiste en un dato: las generaciones más jóvenes “son mucho más abiertas a la multiculturalidad y a la convivencia”, aunque eso “no genere titulares”. Al no visibilizarse esta normalidad, la única narrativa que domina es la del conflicto: “Hay infrarrepresentación de la convivencia y sobrerepresentación del odio”.

Empleo joven y el estatuto pendiente del becario

Cuando se pregunta por el futuro laboral, Guerrero no esquiva. “Es una deuda que tiene este país con los falsos becarios”. En su opinión, el esperadísimo estatuto del becario debe aprobarse cuanto antes. Y mientras tanto el INJUVE ya actúa con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para localizar empresas que usan la figura del becario para actuaciones propias de plantilla. “Si es un proceso formativo, no debería reproducir exactamente las funciones de un trabajador joven”.

En suma: “Estamos desplegando mecanismos específicos para detectar estas prácticas que están fuera de la ley y deben ser sancionadas”.

Queda claro que Margarita Guerrero no ha venido a hacer concesiones blandas ni declaraciones de compromiso difuso. Su discurso no esquiva las aristas, su hoja de ruta ambiciosa, y el tiempo apremia para una generación que ha sido puesta a prueba desde el minuto cero. Acceder a la vivienda, tener salud mental, navegar el mundo digital sin caer en trampas, emanciparse laboralmente sin ser becario eterno, esos son algunos de los retos que ella pone en la mesa. Y lo hace con la convicción de que si no actuamos ahora, estaremos hipotecando el futuro de quienes deberían estar construyéndolo. En esos términos, el INJUVE no espera, exige.

Este país y esta juventud lo necesitan.