La Asamblea Regional de Murcia ha rechazado la modificación de la Ley de Simplificación Administrativa impulsada por el Gobierno autonómico, tras un debate marcado por las acusaciones cruzadas entre los grupos parlamentarios y las discrepancias sobre el modelo de gestión pública.

El proyecto de ley, que pretendía sustituir al decreto-ley convalidado en julio, ha sido rechazado con los votos en contra del Partido Popular y del Grupo Mixto (Podemos-IU-AV), el apoyo de Vox y la abstención del PSOE. Con este resultado, seguirá en vigor el decreto aprobado por el Ejecutivo regional en junio, que continúa siendo el marco regulador en materia de simplificación administrativa.

La modificación llegaba al Pleno tras su paso por la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, donde fueron rechazadas las catorce enmiendas presentadas por la oposición.

El texto, respaldado por la patronal Croem, buscaba reducir los trámites administrativos y agilizar la actividad económica, aunque finalmente ha quedado atrapado en el enfrentamiento político.

Desde Vox, la diputada Virginia Martínez defendió el dictamen por considerar que “la eliminación de trabas burocráticas es esencial para la creación de riqueza y la libertad económica”, pero alertó de que “han pretendido colar por la puerta de atrás la destrucción del sector primario”. “La comunidad autónoma acumula ya siete leyes de simplificación y ninguna se ha aplicado correctamente, añadió, lo que demuestra un auténtico caos legislativo”.

Por parte del Grupo Mixto, la diputada María Marín (Podemos-IU-AV) votó en contra y arremetió contra el texto, al que calificó como “la ley de la Croem: hecha por y para los empresarios”. Marín denunció que la norma “se ha redactado al dictado de la patronal, sin informes jurídicos preceptivos ni participación ciudadana”, y acusó al Gobierno regional de “anteponer los intereses de los grandes lobbies económicos a los de los ayuntamientos y los vecinos”.

El PSOE, por su parte, optó por la abstención. Su diputado Alfonso Martínez Baños argumentó que “no se pueden anteponer los intereses económicos a la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural”, y sostuvo que “el decreto ha vulnerado la autonomía municipal y ha supuesto un paso más en la privatización de los servicios públicos”. También reprochó al Ejecutivo “la falta de diálogo y consenso” y advirtió de que la norma “no garantiza la seguridad jurídica”.

Desde el Partido Popular, María Casajús defendió el texto original del Gobierno regional, el mismo que seguirá vigente tras el rechazo de la modificación. Según explicó, el decreto “busca reducir la maraña burocrática que frena la actividad económica y aportar seguridad jurídica sin renunciar a las garantías”. Casajús cargó contra el texto debatido en el Pleno, asegurando que “no era el del Ejecutivo, sino un proyecto transformado y distorsionado tras el pacto entre Vox y el PSOE”, y acusó a ambos grupos de “frenar el cambio y mantener la burocracia”.

El rechazo de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios mantiene, por tanto, sin cambios el marco normativo en vigor, con el decreto-ley de junio como única referencia en materia de simplificación administrativa, en un contexto político donde la falta de consenso se impone sobre cualquier intento de reforma.

CROEM celebra el mantenimiento del decreto y reivindica su papel en la redacción de la norma

Desde CROEM han valorado positivamente que el Decreto-Ley de Simplificación Administrativa aprobado el pasado junio por el Gobierno regional mantenga su vigencia íntegra. La patronal considera que este mantenimiento supone “un respaldo al tejido empresarial murciano”, al tratarse de una norma “fruto del diálogo y la cooperación con asociaciones sectoriales”.

CROEM recuerda que participó activamente en la redacción del texto junto a distintas organizaciones empresariales y que sus aportaciones “resultaron decisivas para reflejar las necesidades reales del tejido productivo”. En ese proceso, la confederación recopiló 63 medidas concretas de simplificación administrativa agrupadas en doce áreas, con especial incidencia en urbanismo y energía, los ámbitos con mayor carga de trámites.

La organización destaca además que el decreto unifica tres normas previas, reduce plazos y elimina procedimientos innecesarios, configurando un marco “más ágil, transparente y eficaz” para las empresas, “sin menoscabar las garantías ambientales ni administrativas”.

En esta línea, CROEM ha iniciado un ciclo de jornadas informativas para difundir la aplicación práctica de la norma y asegurar que “todas las empresas puedan beneficiarse de sus medidas”, con el objetivo de avanzar hacia una Región de Murcia más competitiva y atractiva para la inversión.