Cuando en junio de 2025 José Luis Álvarez Castellanos prometió su cargo como diputado en la Asamblea Regional de Murcia, no sólo estaba recogiendo un acta, estaba recuperando un legado. La voz de Izquierda Unida regresaba al parlamento murciano tras una década de ausencia. Para él, aquel paso era más que simbólico, era la reivindicación de tres décadas de compromiso público, de docente, activista y concejal, unidos bajo una misma bandera, la del servicio a la ciudadanía frente al desgaste del poder establecido.

En su paso por MurciaEconomía Radio, el diputado llegaba tras visitar los suelos contaminados del Hondón, en la diputación cartagenera, donde los vecinos siguen esperando una solución definitiva más de veinte años después. La formación de izquierdas reclama el sellado seguro y definitivo de los terrenos, alerta del plan urbanístico del PP y anuncia iniciativas parlamentarias para defender la salud vecinal.

En la entrevista, Álvarez Castellanos repasa los principales retos de la Región como son "la falta de control al Ejecutivo autonómico, la tramitación exprés de decretos, el avance desordenado de las plantas de biogás y la amenaza de un nuevo episodio crítico en el Mar Menor". Todo ello, afirma, “responde a un mismo patrón, la ausencia de planificación y la subordinación del poder político al económico”.

El diputado de Izquierda Unida considera que la Asamblea “debe recuperar ya la normalidad institucional” y reclama que la Mesa y la Junta de Portavoces convoquen cuanto antes el periodo ordinario de sesiones. “Hemos estado meses sin control al Gobierno, algo inaudito en España. No hay ningún parlamento que lleve sin fiscalizar al Ejecutivo desde mayo”, advierte.

Durante el último pleno, la Cámara debatió la tramitación de los decretos de Simplificación Administrativa y de VTC, que, según Álvarez Castellanos, “han seguido un procedimiento confuso y precipitado”. “El Partido Popular votó en contra del dictamen de su propia comisión, eliminando todas las enmiendas y devolviendo los textos al punto de partida. Tres meses perdidos para nada”, lamenta.

El diputado cuestiona además el uso reiterado de los decretos ley, ya que “impiden la presentación de enmiendas y reducen el debate a una sola sesión”. “Son normas que se aprueban por urgencia aunque llevaban años pendientes”, señala.

“El Partido Popular legisla al dictado de la patronal murciana”

Álvarez Castellanos acusa al Gobierno regional de “legislar a la carta” y de “responder a las presiones de la CROEM”. “La ley de Simplificación Administrativa se presentó justo después de que la patronal lo exigiera públicamente. Veinticuatro horas después, el Ejecutivo registró el texto. Eso lo dice todo”, afirma.

En cuanto al decreto de vehículos de transporte con conductor (VTC), el diputado denuncia que “permite precios hasta un 100% más altos en situaciones de alta demanda, determinados por algoritmos que nadie supervisa, e impone una moratoria de licencias que solo beneficia a las grandes empresas”. “Es el precio más caro de toda España”, subraya.

“Cuando la oposición presenta propuestas o enmiendas, se bloquean; cuando lo pide la patronal, se aprueban. Esa es la realidad”, añade.

Plantas de biogás: planificación ausente y reacción ciudadana

Álvarez Castellanos advierte de la falta de control en la implantación de plantas de biogás, cuya planificación alcanza ya “unas cuarenta instalaciones en distintos municipios”. Explica que “el plan energético nacional prevé su uso vinculado a proyectos industriales dentro de la economía circular, pero en Murcia se está impulsando un modelo puramente especulativo”.

“El Gobierno regional vuelve a ponerse de perfil, igual que hizo con la minería en los años sesenta o con la agroindustria intensiva que dañó el Mar Menor”, afirma.

El diputado sostiene que existe margen legal para actuar desde los municipios, ya que “los ayuntamientos pueden suspender licencias hasta dos años mientras adaptan su planeamiento urbanístico. Es una herramienta que deberían usar para proteger a los vecinos”.

Sobre la situación del Mar Menor, el diputado recuerda que “la transformación del paisaje agrícola, con bancales nivelados y surcos orientados hacia la laguna, ha eliminado las barreras naturales que frenaban las escorrentías”. Critica que las presas y tanques de tormenta proyectados “solo retienen un 1% del agua” y considera que la solución pasa por “recuperar las ramblas naturalizadas y completar la renaturalización del entorno”. El parlamentario reconoce los avances del Gobierno central en la reducción de regadíos ilegales y en la creación de filtros verdes, pero advierte de que “el proceso es lento” y que, mientras tanto, el riesgo de nuevos episodios de mortandad “sigue siendo real”.

Preguntado por la ley de protección del Mar Menor, Álvarez Castellanos se muestra preocupado. “No es la ley que nosotros hubiéramos votado, pero su derogación sería un error gravísimo. Y visto lo que ha ocurrido con otros temas, no descarto que el PP ceda de nuevo ante Vox”.

El diputado también se refirió al juicio del caso Novo Carthago, en el que se juzga a la antigua cúpula del PP por delitos de corrupción urbanística. “Hablar de más de setenta millones de indemnización y catorce años de prisión solicitados por la Fiscalía no es ninguna broma”, señala.

A su juicio, el proceso judicial “evidencia una forma de gobernar basada en la connivencia entre poder político y empresarial”, algo que, dice, “sigue ocurriendo con otros sectores”.

La izquierda ante el nuevo ciclo político

De cara al futuro, Álvarez Castellanos insiste en la necesidad de rearmar el espacio progresista ante el crecimiento de la extrema derecha. “O la izquierda se une o no hay oportunidad para nadie. Frente al avance de Vox, hace falta unidad y acción común”, defiende.

Propone un frente amplio que incluya a Izquierda Unida, Podemos, Sumar, Equo, sindicatos, organizaciones ecologistas y movimientos sociales. “La gente está esperando que demos ese paso. Hay que movilizar ya a la ciudadanía y recuperar el debate público frente al discurso del miedo y los bulos”.

Para José Luis Álvarez Castellanos, el regreso a la Asamblea es también un ejercicio de coherencia personal. “Venimos a hacer política útil, a representar a quienes no tienen voz y a recordar que los poderes públicos están para servir al interés general, no para someterse a intereses privados”.