El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, durante la rueda de prensa en la que el Ayuntamiento de MurciaEl Ayuntamiento de Murcia ha exigido a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) que asuma los gastos extraordinarios generados por el corte de agua potable que afectó a varias pedanías del Campo de Murcia desde el pasado 11 de octubre, así como la indemnización a vecinos y empresarios por los perjuicios sufridos. El coste inicial de estas actuaciones asciende a más de 325.000 euros, una cifra que el Consistorio considera que debe ser compensada por el organismo estatal.
El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, acompañado por la presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols, María José Rodríguez, ha denunciado públicamente la falta de información y de previsión por parte de la Mancomunidad, que comunicó el corte “con apenas diez minutos de antelación”, impidiendo la adopción de medidas preventivas y la organización de una respuesta inmediata. “No se puede dejar a miles de vecinos sin agua potable sin tiempo para reaccionar. La Mancomunidad debe asumir responsabilidades y renovar unas infraestructuras obsoletas que no garantizan el servicio en igualdad de condiciones”, afirmó el edil.
La incidencia, provocada por los daños ocasionados en el Centro de Control de la MCT durante la DANA del 11 de octubre, dejó sin agua a los vecinos de Sucina, Gea y Truyols, Avileses, Baños y Mendigo y Lobosillo, además de causar cortes intermitentes en otros núcleos del Campo de Murcia. Desde entonces, los problemas en el suministro se han prolongado durante casi dos semanas, y aún hoy, algunas pedanías siguen sin poder consumir agua del grifo.
Gracias a la intervención de Aguas de Murcia, el número de viviendas afectadas se redujo de 27.000 a unas 13.000, gracias a un dispositivo de emergencia que incluyó el envío de camiones cisterna, el bombeo y almacenamiento de agua en La Pinada y la movilización de más de 25 trabajadores que trabajaron de forma continuada, también por la noche y los fines de semana. Ese esfuerzo logístico permitió garantizar el abastecimiento mínimo y evitar que el impacto fuera mayor, aunque ha supuesto un sobrecoste municipal de más de 325.000 euros, que el Ayuntamiento reclama que asuma la Mancomunidad.
Desde la madrugada del 11 de octubre, los vecinos han pasado por diferentes fases de restricción. Los primeros días el suministro se cortó por completo; posteriormente, solo podía utilizarse para limpieza o el WC; y en los últimos días, el agua ha sido apta para todos los usos excepto para beber o cocinar. Se espera que el domingo 26 de octubre se declare finalmente apta para el consumo humano, después de quince días de limitaciones.
Antonio Navarro ha insistido en que esta situación evidencia la necesidad de una renovación urgente de las infraestructuras hidráulicas que abastecen al Campo de Murcia. Según el concejal, “no puede ser que cada DANA o incidencia técnica deje sin agua a miles de personas”. Además, ha pedido a la Mancomunidad que no solo compense al Ayuntamiento por los costes asumidos, sino que también indemnice a los vecinos y empresarios de las zonas afectadas por los daños y perjuicios ocasionados. “Las pedanías del campo también son Murcia y merecen el mismo trato y los mismos servicios que el resto del municipio”, añadió.
Durante estas casi dos semanas, el Ayuntamiento y Aguas de Murcia han mantenido activo un plan de comunicación coordinado con los alcaldes pedáneos para mantener informada a la población en todo momento. Se han enviado mensajes directos por correo electrónico y SMS a través del sistema Servialertas, se ha actualizado la información en la web y redes sociales de Aguas de Murcia y se han ofrecido avisos telefónicos y atención continua a los medios de comunicación.
Mientras tanto, los vecinos de Sucina y Gea y Truyols siguen esperando que el suministro vuelva a la normalidad. El Ayuntamiento insiste en que la Mancomunidad debe ofrecer garantías para que un episodio similar no vuelva a repetirse, porque, según recordó Navarro, “la ciudadanía no puede pagar las consecuencias de una red que no está preparada para el siglo XXI”.










