El futuro de la central nuclear de Almaraz vuelve a situarse en el centro del debate energético. Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres propietarias de la planta ubicada en Cáceres, han trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica su “disposición” a ampliar la vida útil de la instalación, cuyo primer reactor tiene previsto cesar su actividad en 2027.

Según fuentes del Ministerio dirigido por Sara Aagesen, las compañías han remitido una carta conjunta expresando su interés en revisar el calendario de cierre establecido en 2019. Es la primera vez que las tres eléctricas firman una comunicación común sobre este asunto, lo que evidencia un frente compartido para negociar una posible extensión del ciclo operativo de Almaraz.

Pese a ello, el Gobierno mantiene su postura sin cambios. Las mismas fuentes ministeriales recordaron que la carta “no supone ninguna notificación formal ni implica el inicio de un procedimiento”, y reiteraron que cualquier propuesta deberá cumplir las tres líneas rojas marcadas por el Ejecutivo: garantizar la seguridad radiológica, evitar costes adicionales para los ciudadanos y contribuyentes, y asegurar que la medida sea conveniente para la seguridad del suministro energético.

La intención de prolongar la actividad de las nucleares no es nueva. En junio pasado, Endesa e Iberdrola ya presentaron una propuesta similar al Ministerio, a la que en esta ocasión se suma Naturgy, que hasta ahora se había mantenido al margen. Ambas eléctricas defendían entonces que alargar la vida de las plantas permitiría reforzar la estabilidad del sistema eléctrico y contener los precios.

El protocolo de cierre nuclear, firmado en 2019 entre las propietarias y la empresa pública Enresa, fija un calendario que prevé el apagón total del parque nuclear español entre 2027 y 2035. En el caso de Almaraz, el primer reactor (I) cesaría su actividad en 2027 y el segundo (II), en 2028.

Acuerdo para solicitar “cuanto antes” la continuidad

Esta misma semana, Iberdrola, Endesa y Naturgy han alcanzado un acuerdo de gobernanza para preparar y presentar “cuanto antes” una solicitud formal de continuidad ante el Ministerio, paso previo a su remisión al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El objetivo es evaluar las condiciones técnicas, económicas y regulatorias para prolongar su funcionamiento.

Iberdrola, que controla el 53% del capital de la planta, reafirmó su compromiso con la extensión de vida de la central, al igual que sus socios Endesa (36%) y Naturgy (11%). Todas defienden que mantener operativa la central contribuiría a la seguridad de suministro y a la autonomía energética del país, especialmente en un contexto de transición hacia energías renovables.

Sin embargo, el aspecto económico sigue siendo uno de los grandes escollos. Las eléctricas han insistido en que la fiscalidad nuclear, considerada excesiva, debe revisarse si se pretende prolongar la actividad. En este sentido, la Junta de Extremadura ha planteado recientemente una rebaja de la ecotasa autonómica como fórmula para facilitar la continuidad de Almaraz y garantizar el mantenimiento del empleo y la actividad en la comarca.

Por ahora, la pelota está en el tejado del Ministerio, que no cierra la puerta al debate, pero tampoco se desvía del guion marcado: cualquier prórroga deberá ser segura, viable y beneficiosa para los ciudadanos.