En nuestro tiempo existen problemas que ya fueron dirimidos y estudiados por los clásicos literarios, así como por los filósofos. Uno de los asuntos más destacables es el de la justicia y la economía.

En la Ética a Nicómaco leemos la definición de justicia dada por Aristóteles:

«La justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, no igual a todos, sino proporcional a su mérito y necesidad.»

Aristóteles marca una fuerte distinción entre la justicia conmutativa y la distributiva, pues la primera da por igual a todas las partes, mientras que la distributiva reparte según capacidades y aportes. Según su argumentación, aplicada a los impuestos, podemos inferir que no debería gravarse con tributos inasumibles o casi inasumibles a quienes obtienen beneficios bajos.

El principio de libertad y no coacción fue redactado por John Locke, quien indicó que «la finalidad del gobierno no es la destrucción o el sometimiento, sino la preservación de la propiedad». Locke se desmarcó de sus coetáneos al señalar que el trabajo individual da origen a la propiedad y que el trabajador debería tener un derecho natural a conservar el fruto de su propio esfuerzo, con independencia de que el trabajo sea más o menos arduo.

Por su parte, Adam Smith indicó que «no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que esperamos nuestra cena, sino por su propio interés». Lo argumentó en La riqueza de las naciones, defendiendo que la actividad individual libre debía permitir la prosperidad colectiva, no por el bien del colectivo, sino por el propio interés del productor de bienes o servicios. Cuando se grava la propia existencia del trabajo autónomo, se desincentiva la producción, así como el impulso creativo. John Stuart Mill señaló que «toda mejora social es buena en la medida en que aumenta la libertad y la felicidad de los individuos» (El utilitarismo), y estas libertades no pueden ser impositivas; dentro de la imposición, la menor será siempre la más positiva y la que menos libertad cueste.

Finalmente, me gustaría matizar los argumentos trayendo a Tomás de Aquino, quien afirmó:

«El poder público debe ayudar a los ciudadanos, no sustituirlos en lo que pueden hacer por sí mismos.» (Suma Teológica)

Aquí nos indica el autor que el Estado no debería tratar de realizar las hazañas que desde el sector privado se llevan a cabo, sino que debería ayudar complementando. Es decir, el sector público debería ser un mecanismo que asista a los ciudadanos, no que los perjudique tomando el relevo de las actividades que podrían realizar por sí mismos.

Una cuota cero para autónomos que facturen menos de 85 000 euros anuales (o que no tengan amplios márgenes de beneficio) supondría, sin duda, una coherencia argumental con los clásicos literarios y filosóficos. Coherencia:

• Aristotélica, en su justicia proporcional.

• Lockeana, en la defensa de la propiedad.

• Smithiana, en el impulso a la libre iniciativa.

• Utilitarista, en sus efectos sociales.

• Tomista, en su respeto al principio de subsidiariedad.

Todo esto no quiere decir que no existan otras maneras de hacer política, incluso opuestas a la propuesta, sino que los grandes pensadores argumentaron lo dicho en este artículo.