El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, ha rebajado hasta un máximo de un año y tres meses las penas solicitadas para los siete acusados en el marco del caso 'Novo Carthago', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en unos terrenos protegidos en el entorno del Mar Menor, con lo que ninguno irá a la cárcel.

En las conclusiones elevadas a definitivas, el Ministerio Público entiende que concurre la atenuante de dilaciones indebidas que debe aplicarse a los procesados, reduciendo así en dos grados las penas demandadas en la calificación inicial.

Así, la Fiscalía pide para Antonio Cerdá, extitular de Medio Ambiente en el Gobierno regional, al que considera autor de los delitos de falsedad en documento público y prevaricación, la pena de un año de prisión, dos meses de multa, a razón de 30 euros diarios, y nueve meses de inhabilitación especial para empleo y cargo público.

Igual pena solicita para María Antonieta Fernández, antigua asesora personal Cerdá., a la que añade tres meses de prisión por blanqueo de capitales y una multa de 125.0000 euros e inhabilitación para ocupar puestos de elección discrecional en la Administración.

Para Joaquín Bascuñana, exconsejero de Obras Públicas, pide tres años de inhabilitación de empleo o cargo público como autor del delito de prevaricación, misma pena que para el resto de acusados, a los que considera autores de prevaricación.

Desde el inicio del juicio el pasado 29 de septiembre, la Sala 1 de la Audiencia Provincial de Murcia ha acogido las declaraciones de los acusados y de varios testigos, entre ellos, el expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel y la excalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro.