La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de la Región de Murcia ha encendido las alarmas ante la posible desaparición del servicio público educativo de 2 a 3 años si no se consolidan los puestos de trabajo de las educadoras infantiles. Según denuncia el sindicato, estos contratos siguen siendo temporales y dependen de un programa financiado con fondos europeos, pese a cubrir necesidades permanentes del sistema educativo.

“Este es el tercer año del programa piloto y seguimos con contratos por programa, con fecha de inicio y fin el 30 de junio”, explica Virginia Olivera, delegada de Personal de Apoyo Educativo de CCOO. “Este año conseguimos que los contratos empezaran antes gracias a la presión sindical, pero seguimos sin estabilidad ni reconocimiento”.

Olivera recuerda que las educadoras infantiles están clasificadas como personal no docente, una categoría que también incluye a maestras de escuelas infantiles, cocineros o conserjes. “Aunque muchas de nosotras tenemos titulación universitaria, seguimos sin reconocimiento como personal docente. Es una forma de ahorro para la Administración, pero precariza nuestro trabajo”, denuncia.

La principal preocupación del colectivo es qué ocurrirá cuando finalicen los fondos europeos Next Generation, que actualmente sostienen el programa. “No sabemos qué va a pasar el curso que viene. El dinero de Europa se acaba y no hay alternativa planteada. La solución pasa por una gran oferta pública de empleo, como ha hecho la Comunidad de Madrid, para convertir estas plazas temporales en vacantes estructurales”, señala Olivera.

En la Región de Murcia existen más de 107 aulas públicas para niños de dos años, con dos educadoras por aula, lo que supone unas 230 profesionales. A ellas se suman educadoras itinerantes que cubren bajas o sustituciones en distintas escuelas infantiles.

La representante sindical denuncia también carencias estructurales que impiden el correcto funcionamiento de estas aulas. “Las instrucciones de inicio de curso no se adaptan a la realidad del aula de dos años. Somos una pareja educativa, pero dependemos de una tutora que solo pasa dos horas y media a la semana en clase. Nosotras estamos con los niños todos los días, somos quienes los cuidamos, educamos y acompañamos en su desarrollo”, explica.

Olivera subraya que estas aulas no son “guarderías”, sino espacios educativos donde los niños comienzan su aprendizaje emocional, motriz y social. “Se aprende jugando, pero también se enseña. Trabajamos proyectos, psicomotricidad, actividades sensoriales, desarrollo emocional... No solo cambiamos pañales. Es una etapa educativa esencial”.

Desde CCOO advierten que la privatización del servicio está contribuyendo a la precarización del sector. “Los fondos europeos también han llegado a colegios concertados y centros privados. Eso deja al servicio público en desventaja y genera más incertidumbre”, lamenta Olivera.

A pesar de que la Consejería ha anunciado la apertura de nueve nuevas aulas públicas el próximo curso, el sindicato considera la cifra “insuficiente”. “Estas aulas son clave para la conciliación familiar, la equidad y la igualdad de oportunidades. Reducirlas o mantenerlas en la precariedad sería un error social y educativo".

Por ahora, el silencio institucional se impone. “No sabemos si en los presupuestos de 2026 habrá partida para consolidar los puestos. Todo depende de cómo se justifique el dinero europeo en marzo. Lo que está claro es que sin estabilidad laboral no puede haber calidad educativa”, concluye Olivera.