El Consejo de Ministros ha aprobado en primera lectura el estatuto del becario, un tuxto que respeta el acuerdo alcanzado con los sindicatos en junio de 2023. De momento, es un anteproyecto de ley que busca enmendar la precariedad que sufren muchos estudiantes en prácticas. Los dos cambios más transformadores son la reducción a la mitad de prácticas extracurriculares y compensar los gastos de los estudiantes que no perciban una nómina. 

El estatuto nace con la vocación de ordenar la relación de los becarios y las entidades que los acogen, partiendo de la premisa de que la vinculación no es laboral. “Se presumirá que existe relación laboral cuando la actividad desarrollada sustituya las funciones de una persona trabajadora o cuando no exista una vinculación directa entre la actividad y el currículo al que está asociada la práctica”, indica el texto.

También establece que las prácticas solo se podrán realizar al amparo de “un acuerdo o convenio de cooperación con el correspondiente centro formativo autorizado” y que las tareas “deben ajustarse al contenido formativo recogido en el plan de formación”.

Los sindicatos CC OO y UGT respaldan el anteproyecto, pero no las patronales CEOE y Cepyme. Tampoco tiene el visto bueno de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE): aunque considera positivas muchas de las medidas incluidas en la norma, expresa "preocupación" ante la posibilidad de que empresas y entidades que acogen a los estudiantes no abonen gastos y que los mismas acaben repercutiendo en las maltrechas cuentas universitarias. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas denuncia que el texto no se haya pactado con ellos y pide al ministerio que abra una nueva negociación.