El fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cartagena, que declara nulos los decretos mediante los que la alcaldesa, Noelia Arroyo, otorgó competencias, designaciones y retribuciones a los concejales tránsfugas del PSOE durante la pasada legislatura, ha desatado un nuevo enfrentamiento político en el municipio.

La sentencia número 129/2025, considera que esas designaciones vulneraban el artículo 73 de la Ley de Bases de Régimen Local, que impide conceder cargos o retribuciones diferentes a los ediles que abandonan su grupo político. El juzgado condena además al Ayuntamiento al pago de las costas procesales.

Desde MC Cartagena, su portavoz, Jesús Giménez Gallo, ha asegurado que la justicia “ha desenmascarado el fraude de Arroyo, ratificando que compró su Alcaldía con dinero público”. El líder cartagenerista sostiene que la alcaldesa “vulneró la ley para mantenerse en el poder” y exige su dimisión inmediata. “Cartagena no tiene alcaldesa; tiene una corrupta. Se aprovechó del dinero de los cartageneros para su proyecto personal”, ha afirmado.

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ð«µð½ El portavoz y líder de MC Cartagena asegura que procede una comparecencia pública para asumir su error, pedir perdón a los cartageneros y marcharse â¼ï¸ pic.twitter.com/ovxXX66GJE

— MC Cartagena ð©ð° (@MCCartagena_ct) November 6, 2025

En la misma línea, el portavoz socialista, Manolo Torres, considera que el fallo “corrobora que Arroyo compró la Alcaldía con los votos de seis concejales tránsfugas que no eran legítimos”. A su juicio, la regidora “tiene un pecado original del que no podrá desprenderse porque llegó al poder de forma absolutamente ilegítima”. Torres reclama que Arroyo “asuma responsabilidades” y advierte de las posibles consecuencias económicas para el Consistorio: “Ha jugado con el dinero de todos los cartageneros para su beneficio político”.

Por su parte, el concejal del Gobierno municipal Ignacio Jáudenes ha defendido la actuación del Ayuntamiento y ha anunciado que los servicios jurídicos presentarán un recurso. “Los concejales estaban dentro del Gobierno antes de ser expulsados del PSOE. Ninguno vendió su voto ni obtuvo ventajas. No hubo transfuguismo”, ha señalado.

Jáudenes sostiene que la sentencia se basa en una interpretación errónea y recuerda que el pacto de Gobierno entre PP y PSOE fue público y previo a la expulsión de los ediles socialistas. “Mientras MC busca tránsfugas para resolver sus problemas internos, nosotros seguimos gobernando y garantizando estabilidad a Cartagena”, ha subrayado.

Con la interposición del recurso, la resolución judicial aún no es firme. Si finalmente se confirma, podrían revisarse decisiones administrativas firmadas por los concejales afectados entre junio de 2021 y julio de 2023, lo que abriría un nuevo frente jurídico en el Ayuntamiento de Cartagena.