En los primeros nueve meses de 2025 se han firmado 1,9 millones de contratos que obligan al trabajador a desplazarse a otra provincia. Esto se traduce en una tasa de movilidad del 16,4% sobre el total de los suscritos en lo que va de año, un dato que, supondría un nuevo máximo histórico de la serie que arranca en 2009. 

Se habla de "movilidad geográfica" cuando no coincide la localidad del domicilio de la persona trabajadora y el del centro de trabajo; por lo tanto, el SEPE considera que "necesariamente se tiene que producir un desplazamiento", con independencia de que este sea de carácter temporal o permanente.

El SEPE no recoge aún datos para 2025 de los contratos que implican movilidad entre comunidades autónomas, si bien en 2024 ya mostraron muestra un crecimiento moderado respecto al año anterior, del 2,26 % en el número de contratos que implican desplazamiento entre comunidades, frente al ligero retroceso de los que supusieron la permanencia en la misma comunidad (-0,43%). La tasa de movilidad entre comunidades se situó en el 11,7%, también la más alta de la serie histórica.

En la posición más alta se encontraban La Rioja y Castilla-La Mancha, seguidas a cierta distancia por Murcia, Ceuta, Madrid y Navarra, todas ellas con valores superiores al 15%. En tasas intermedias, entre el 15 y 10 %: Melilla, Aragón, Illes Balears, Cantabria, Castilla y León, Valencia y Extremadura. En el extremo opuesto, con valores inferiores al 10% (por debajo de la media) se sitúan País Vasco, Asturias, Andalucía, Cataluña, Galicia y Canarias.

En todo caso, la movilidad laboral es un fenómeno que crece en todas las comunidades y afecta a todo tipo de trabajadores, aunque en los últimos años parece haber ganado más peso entre los profesionales cualificados. Una tendencia que muestra cómo el reparto territorial del tejido productivo sigue moldeando las condiciones de vida de los trabajadores españoles.