El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por más de cincuenta diputados de los grupos parlamentarios del PSOE y Sumar contra la Ley 2/2025, de 4 de julio, que modifica la Ley 5/2017 de Participación Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Región de Murcia.

La decisión del alto tribunal supone un paso relevante en la revisión de una norma que ha generado un amplio rechazo por parte de los sindicatos, al considerar que limita su papel en los órganos de diálogo social y vulnera los principios de representatividad reconocidos por la Constitución Española.

La secretaria general de CCOO en la Región de Murcia, Teresa Fuentes, valoró de forma “muy positiva” la admisión del recurso, subrayando que “la defensa de los derechos de representación de las personas trabajadoras es lo que realmente está sobre la mesa”.

Para Fuentes, el debate “no tiene nada que ver con cuestiones económicas”, ya que las dotaciones públicas destinadas a CCOO, UGT y CROEM apenas suponen el 0,0013% del presupuesto regional. “Lo que se pretende con esta modificación es atacar al sindicalismo, una voz crítica en las mesas de negociación”, afirmó.

CCOO interpreta la reforma como una decisión ideológica del Ejecutivo autonómico “para contentar a la ultraderecha, de la que depende para gobernar”. “Este es uno de los muchos ataques que se están produciendo, señaló Fuentes, pero desde CCOO tenemos muy claro que no vamos a ser cómplices de ningún ataque a los derechos adquiridos con la democracia”.

La dirigente sindical insistió en que el sindicato mantendrá la defensa del Estado de bienestar, de los derechos humanos y de la protección de los colectivos más vulnerables. “Más de 27.000 personas afiliadas nos dan la fuerza moral para seguir siendo la voz de la clase trabajadora, en las mesas de negociación y en la calle, como sindicato de clase que somos”, añadió.

El recurso admitido por el Constitucional fue impulsado conjuntamente por los grupos del PSOE y Sumar en el Congreso de los Diputados, que cuestionan la legalidad de la reforma aprobada por la Asamblea Regional de Murcia el pasado julio. El alto tribunal analizará ahora si la modificación vulnera los derechos de participación y representación institucional garantizados por la Carta Magna.