La situación de la justicia en España volvió a ponerse bajo el foco en 'Las Mañanas de MurciaEconomía Radio', donde el abogado Jesús Trillo Figueroa analizó el clima judicial que vive el país tras impartir una conferencia en el Centro Cultural de CajaMurcia titulada “La situación actual de la justicia en España”. Una intervención que, pese a su formato divulgativo, llegó en un momento especialmente delicado para el sistema judicial.

Trillo comenzó valorando su charla en Cartagena, celebrada mientras se cerraba el juicio al Fiscal General del Estado. Ese contexto, reconoce, marcó inevitablemente el debate. “Fue una coincidencia llamativa. Justo ayer quedó el juicio visto para sentencia".

Preguntado por la trascendencia de que el máximo representante del Ministerio Fiscal se siente ante un tribunal, declaró que "es un episodio muy serio para el Estado de Derecho. No lo habíamos visto antes en estos términos".

Desde ese punto, la entrevista entró en uno de los términos más repetidos en el debate político reciente: el lawfare. Trillo fue claro al desmarcarse de esa idea y negó que en España exista una actuación judicial guiada por intereses partidistas. “Es un concepto utilizado de manera muy interesada. Los jueces aquí no trabajan con consignas políticas. Eso no ocurre".

Recordó que esta expresión llegó al debate español procedente de la retórica del independentismo y de experiencias latinoamericanas, pero insistió en que no se corresponde con el funcionamiento de la judicatura española. “Acusar a los jueces de actuar contra alguien por razones políticas es una acusación muy grave. Y aquí no está sucediendo".

El análisis se trasladó a Bruselas, tras la reciente opinión del abogado general de la Unión Europea sobre el caso Puigdemont, interpretada como favorable al Gobierno. Trillo considera que ese informe genera más dudas que certezas. “Hay contradicciones claras entre ese análisis y lo que han dicho portavoces de la Comisión Europea. Y cuesta entender que se afirme que no hay autoamnistía cuando quienes han impulsado la ley son quienes se benefician de ella".

Aun así, quiso puntualizar que lo emitido por el abogado general “no es la decisión final”, sino un dictamen previo al pronunciamiento que deberá realizar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Trillo abordó la confusión que existe en parte de la ciudadanía sobre por qué Europa parece opinar de una manera y España de otra. Aclaró que quien se ha pronunciado en España no ha sido el Poder Judicial, sino el Tribunal Constitucional. “El Constitucional no forma parte del Poder Judicial. No es un tribunal que esté dentro de esa estructura".

Y recordó que es la propia judicatura española quien ha elevado a Luxemburgo una cuestión prejudicial para saber si la Ley de Amnistía es compatible con el derecho europeo.

Sobre la reconstrucción de la confianza pública, insistió en que no hay fórmulas mágicas. “La justicia se defiende trabajando. Hay errores, claro, pero la judicatura continúa entre las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía".

Trillo concluyó apelando a una mayor claridad institucional: distinguir qué corresponde a los tribunales y qué compete al legislador, y reducir la presión política que, a su juicio, distorsiona el funcionamiento de la justicia.