El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sacado a licitación el proyecto de desmantelamiento de las instalaciones de Puerto Mayor y la recuperación ambiental de la Caleta del Estacio, en La Manga del Mar Menor, en la vertiente mediterránea, perteneciente al municipio de San Javier, por un presupuesto de 25,77 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

El Gobierno de España encara así el final de la tramitación administrativa de una actuación altamente demandada durante décadas por los colectivos sociales y ambientales en la Región de Murcia, además de ser uno de los proyectos de recuperación ambiental más emblemáticos en el mar Mediterráneo.

Las obras están incluidas en la línea 3 del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor, cuya dotación total asciende a 675,05 millones de euros, que este año ha sido reconocido por Naciones Unidas como proyecto piloto y emblemático de restauración y de intervención integrada para recuperar la laguna y su área de influencia. Las empresas interesadas en optar a la adjudicación de este proyecto pueden presentar sus ofertas hasta el 16 de diciembre ante la Dirección General de la Costa y el Mar del Miteco.

Esta acción ha permitido cerrar un recorrido de más de medio siglo desde que el Consejo de Ministros otorgara en 1975 a la empresa Puertomayor S.A. una concesión para construir un puerto deportivo en el frente mediterráneo de La Manga del Mar Menor. Tras un largo proceso administrativo y judicial, el Miteco culminó en abril de 2021 la reversión al dominio público de los terrenos ocupados por la fallida infraestructura portuaria, que se había convertido en el símbolo de un «modelo de explotación agresiva de un territorio gravemente presionado por la actividad urbanística».

Con este proyecto, el ministerio restaurará casi un millón de metros cuadrados (97,72 hectáreas) del espacio marítimo-costero de La Manga altamente presionado por la ocupación urbanística, lo que, además de ser una importante mejora ecosistémica, supondrá la recuperación del entorno marítimo terrestre para el disfrute de la ciudadanía.

La tramitación administrativa de esta actuación, que comenzó en 2022 con la licitación de la redacción del proyecto, ha pivotado sobre los principios de la seguridad jurídica y ambiental, que concluyó en abril de este año con la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental.