El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno en relación con la Ley 2/2025, de 4 de julio, de modificación de la Ley 5/2017, de 5 de julio, de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Región de Murcia.

El Tribunal, a petición del Gobierno de España, ha suspendido la vigencia y aplicación de la norma recurrida, desde la fecha de interposición del recurso para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

El Gobierno fundamenta su demanda en que la ley impugnada podría vulnerar las competencias estatales en materia de legislación laboral.

Cabe recordar que la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, anunció el pasado 28 de octubre que el Consejo de Ministros había aprobado la presentación del recurso después de que el Gobierno de regional rechazara dar marcha atrás a su modificación de la Ley de Participación Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales, que suprime la obligación de financiación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas mediante subvención nominativa en la Región.

El anuncio de Alegría se produjo después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciara la semana pasada que el Gobierno llevaría ante el Constitucional a la Región de Murcia por esta reciente modificación.

Díaz denunció que la "extrema derecha" en España, "que lidera Feijóo pero que se llama Vox", quiere eliminar dos preceptos que son claves de la ley orgánica de libertad sindical para acabar con lo que, según ellos, es el "monopolio de los sindicatos subvencionados".

Con la modificación regional, las subvenciones no se destinarían a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, tal y como recoge la legislación, y se distribuirían mediante concursos específicos contraviniendo la normativa española.

En la práctica, según denuncia Trabajo, elimina la financiación, impide el ejercicio del derecho de sindicación y abre la puerta a otorgar ayudas económicas a organizaciones empresariales y sindicales sin representatividad ya que se basarían en "necesidades concretas" establecidas en cada caso.