El Ministerio de Función Pública ha puesto sobre la mesa una propuesta de subida salarial del 10% para los más de tres millones de empleados públicos en el periodo 2025-2028. La oferta, trasladada este miércoles a CCOO, UGT y CSIF, ha sido rechazada de plano por las tres organizaciones sindicales, que la consideran insuficiente y lesiva para el poder adquisitivo de los funcionarios.

Según explican fuentes sindicales, el 10% de incremento se repartiría a lo largo de los cuatro años, con una limitación clara: en 2025 y 2026 el alza no podría superar el 4% en total para no rebasar el techo de gasto fijado por el Gobierno. Eso obligaría a concentrar el 6% restante en 2027 y 2028, con un mayor esfuerzo previsto para 2027 en función de la evolución estimada de los precios.

La propuesta fue presentada por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, en una nueva reunión de la mesa de negociación para definir el marco plurianual de relaciones laborales y retributivas en la Administración. Pese a ello, el encuentro terminó sin acuerdo y con un clima de fuerte malestar sindical. Como respuesta al rechazo, Función Pública ha convocado a las centrales a una nueva reunión este jueves 20 de noviembre al mediodía.

Los sindicatos denuncian pérdida de poder adquisitivo

CSIF sostiene que la oferta planteada “no cubriría” la subida de los precios. Recuerda que, hasta octubre, la inflación interanual se situaba en el 3,1%, lo que haría que los dos primeros años del acuerdo supusieran “una pérdida de poder adquisitivo” para los empleados públicos.

El sindicato que encabeza Miguel Borra subraya además que, desde 2022, fecha del anterior acuerdo salarial, los sueldos públicos se han devaluado en torno a un 8%, y que la pérdida acumulada desde 2010, tras la bajada decretada con los recortes de aquel año, ronda ya el 20%. CSIF incide en que el Gobierno “recauda más que nunca”, ha elevado el techo de gasto y, por tanto, “hay margen para mejorar la oferta”, aunque se mantiene en la mesa “por responsabilidad”.

CCOO ha ido un paso más allá en el tono y ha calificado la propuesta de “totalmente inaceptable” y de “insulto” para los funcionarios. La organización avisa de que sólo respaldará un acuerdo que garantice la recuperación del poder adquisitivo perdido y advierte de que está dispuesta a reactivar la convocatoria de una huelga general en diciembre “si no hay una propuesta económica justa”.

El sindicato denuncia que, mientras el Gobierno presume de liderar el crecimiento económico en la Unión Europea y ha revisado al alza su previsión hasta el 2,9%, mantiene una política de contención salarial en el sector público y olvida que los empleados públicos siguen por debajo de la media comunitaria.

Por su parte, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, considera que el porcentaje ofrecido “complica la negociación” y recuerda que el acuerdo debe garantizar el poder adquisitivo. “No estamos para perder oportunidades ni para perder dinero”, ha resumido. UGT asegura que hará “números” y espera que el Ejecutivo llegue a la próxima reunión con una oferta revisada: “Ni el 4% ni el 10% tal y como se plantean nos sirven”.

Aunque Araque evita concretar si el sindicato retomará movilizaciones, insiste en que nunca se ha descartado ningún escenario y que las decisiones dependerán del contenido que ponga el Ministerio sobre la mesa en el próximo encuentro.

El último acuerdo salarial entre el Gobierno y los sindicatos, vigente entre 2022 y 2024, fijó incrementos retributivos con una parte fija y otra variable vinculada a la inflación y al crecimiento del PIB. En conjunto permitió elevar los sueldos de los empleados públicos alrededor de un 10% en ese periodo, con un coste cercano a los 13.000 millones de euros. Sin embargo, se firmó en un contexto de inflación en el entorno también del 10%, lo que para los sindicatos dejó sin compensar la totalidad de la subida de precios.

El nuevo marco que se negocia ahora pretende ordenar la política salarial y de empleo público para los próximos cuatro años. Desde Función Pública defienden que el acuerdo no se limita a las retribuciones, sino que incluye objetivos como la mejora de la calidad de los servicios públicos y de la relación entre ciudadanía y Administración.

En las reuniones previas se ha avanzado en materias como la agilización y mejora de los procesos selectivos, la promoción interna y el desarrollo profesional, la planificación de efectivos, la atención a la ciudadanía, la igualdad y la no discriminación, así como en unas condiciones de trabajo “dignas, seguras y saludables”, según el Departamento que dirige Óscar López.

El Ministerio se ha comprometido a estudiar los planteamientos presentados por CCOO, UGT y CSIF, pero, de momento, la distancia entre las partes sigue siendo notable. La cita de este jueves se perfila como un momento clave para comprobar si hay margen real de acercamiento o si el conflicto salarial en el sector público inicia una nueva escalada con movilizaciones y posibles paros en diciembre.