El activista internacionalista y ex eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda, ha recalado esta semana en la Región de Murcia en plena gira organizada por IU-Verdes para denunciar los crímenes de guerra, el apartheid y el genocidio en los territorios palestinos ocupados. El recorrido incluye actos en Molina de Segura, Totana y Murcia, así como un encuentro con el comité de huelga de Amazon en Europa, con el objetivo de visibilizar el vínculo entre explotación laboral global y cadenas económicas conectadas con la ocupación israelí. 

En su paso por Las Mañanas de MurciaEconomía Radio, Pineda aterriza en una fecha cargada de memoria: un 20 de noviembre. “Es una fecha de sombras y luces”, resume. “Por un lado, tenemos que celebrar que por fin murió el dictador, criminal, asesino, todos los adjetivos negativos que podamos inventarnos y más. Pero por otro lado murió en su cama, en calma, sin haber sido juzgado por los crímenes cometidos”. Esa impunidad, sostiene, marcó una transición “mejorable” que dio lugar a “esta especie de democracia de bajo nivel que tenemos y que tenemos que ir mejorando constantemente”.

Pineda insiste en que la democracia no llegó a todos los rincones del Estado. “En la patronal, en los cuarteles del ejército, en determinados ámbitos no entró la democracia. Muchas de las grandes empresas son herederas del franquismo. Incluso el poder judicial que tenemos, en gran medida, está formado por hijos de jueces del franquismo”. Por eso, advierte, “las consecuencias de no haber tenido una ruptura” nos obligan a estar “muy vigilantes, muy reivindicativos y presionando constantemente por ir mejorando este sistema democrático”.

El contraste con la actualidad llega solo un segundo después, cuando se le pregunta si el primer ministro israelí seguirá el camino de Franco y morirá también en su cama. La respuesta no admite ambigüedades: “Esperemos que no. Nosotros estamos haciendo lo posible para que no”.

El problema, subraya, es el bloqueo del sistema internacional. “La ONU es una institución necesaria, que nació tras la Segunda Guerra Mundial para que no se repitieran errores, pero hoy está secuestrada por el derecho de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, especialmente Estados Unidos”. Washington, denuncia, ejerce ese veto “de forma sistemática para proteger a Israel y, en concreto, al criminal Netanyahu”.

Pineda recuerda que países como Sudáfrica, Colombia, Bolivia o Argelia han llevado a Israel y a su gobierno ante la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional, pero se topan con el “muro” de la protección estadounidense. “Estados Unidos ha llegado incluso a imponer sanciones a los jueces de la Corte Penal Internacional que investigan los crímenes cometidos por Netanyahu y compañía”, afirma.

Por eso, reclama unas relaciones internacionales “basadas en el multilateralismo, en el que no haya un gendarme global, como pretende seguir siendo Estados Unidos, y en el que se haga justicia”. Le indigna que la justicia internacional parezca funcionar “solo contra quienes señala Estados Unidos”, poniendo como ejemplo la rapidez con la que se tramitó una orden de detención contra Vladímir Putin tras la invasión de Ucrania frente a la ausencia de consecuencias reales para el dirigente israelí.

En ese contexto, destaca el paso dado por el Gobierno español al anunciar que acataría una eventual orden de detención internacional. “España se ha puesto del lado correcto y ha declarado que, si Netanyahu pisa España, será juzgado porque no hay otra salida legal. Cuando tienes una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional, a los países les corresponde cumplimentarla”, sostiene. El problema, dice, es que otros Estados, “Estados Unidos, Alemania, Hungría y otros países más de la órbita vasalla de Estados Unidos”, han decidido “mantener una protección sobre este criminal de guerra”.

Una Unión Europea sin política propia

Como ex eurodiputado, Pineda mira a Bruselas con una mezcla de decepción y rabia. “Desgraciadamente, la Unión Europea renunció desde su fundación a tener una política exterior propia. Tiene una política exterior subordinada a Estados Unidos”, resume. A ello añade la figura de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien define como “una mujer abiertamente sionista” y recuerda su pasado como ministra de Defensa alemana. 

“No nos sorprende en absoluto que, a día de hoy, no haya condenado ni siquiera verbalmente el genocidio que está cometiendo Israel, ni haya impuesto ningún tipo de medida”, lamenta. Recuerda que, en su etapa como eurodiputado, la Comisión llegó a anunciar tímidas medidas de presión sobre Israel que nunca se concretaron. “Años después, después de miles de víctimas palestinas, la Unión Europea sigue sin imponer ninguna medida contra Israel. Cuando digo ninguna, es ninguna”.

Pineda pone el foco en el Acuerdo de Asociación UE–Israel, que en su título segundo condiciona la relación al respeto a los derechos humanos. “Parece poco discutible que Israel no está respetando los derechos humanos del pueblo palestino. Ese acuerdo tendría que quedar en suspenso”, defiende. También señala la participación de Israel en programas como Horizonte Europa, que financian proyectos de investigación y desarrollo. “Con nuestros impuestos estamos financiando empresas israelíes que fabrican los drones con los que están asesinando a los niños palestinos en la franja de Gaza. Estamos financiando I+D para que afinen mejor y maten mejor a esos niños. Es absolutamente inadmisible”.

“Es vergonzoso”, insiste, “que una Unión Europea que se llena la boca hablando de democracia y derechos humanos imponga sanciones a Rusia, China, Irán, Venezuela, Bolivia o Nicaragua si así lo marca Estados Unidos, y al mismo tiempo no se dé por enterada de que en Gaza se está perpetrando un genocidio”. La conclusión para él es clara: “No podemos quedarnos en el lamento. Tenemos que organizarnos y presionar con suficiente fuerza para obligar a la Unión Europea a cambiar de posición”.

España: avances, límites y la “décima medida”

En el análisis del Gobierno español, Pineda distingue “sombras y luces”. Reconoce que Pedro Sánchez dedicó buena parte del periodo posterior al 7 de octubre de 2023 a los pronunciamientos y condenas, pero sin medidas suficientes: “Se ha avanzado en la parte declarativa, en críticas y condenas verbales, pero costaba ver decisiones concretas”.

Con todo, subraya que en el mundo árabe la posición española se ha recibido con gratitud. “Vengo recientemente del Líbano, donde entre un 15% y un 20% de la población son refugiados palestinos. Allí están muy agradecidos a España y a su gobierno. Valoran que, fruto de las movilizaciones sociales, el Gobierno haya dado pasos en la dirección correcta”.

Se refiere al último real decreto ley aprobado por el Ejecutivo, que incluye nueve medidas en relación con Israel. “Creemos que van en el sentido correcto, pero son insuficientes”, resume. “Nosotros creemos que tenían que ser diez y falta la décima, que para nosotros es la más importante: la ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales, financieras, académicas, culturales, deportivas y de cooperación militar con Israel. Y, por supuesto, expulsar a la misión diplomática israelí de nuestro territorio. No se pueden mantener relaciones normales con un régimen que practica un genocidio”.

Además, detecta fisuras en el propio embargo de armas. “La medida deja una excepcionalidad basada en la seguridad nacional que lo puede justificar todo. Por esa puerta puede entrar cualquier cosa. Se puede alegar seguridad nacional y seguir manteniendo un flujo de compra y venta de armas con Israel, algo inadmisible”. A su juicio, esa cláusula debería eliminarse o, como mínimo, acotarse con precisión: “Si hubiese algún caso excepcional, que se diga cuál, por qué, cuándo y quién lo autoriza. Venta de armas, desde nuestro punto de vista, en ningún caso”.

Algo similar ocurre, según Pineda, con el tránsito de material que pueda ser utilizado para el genocidio. “Se da un paso adelante, pero no se crean mecanismos efectivos para inspeccionar los barcos. Al final nos tenemos que creer lo que nos digan. Pueden estar llevando cualquier cosa, hasta armamento nuclear, y si no hay inspecciones no lo sabremos”.

Por eso propone que España impulse una Asamblea General extraordinaria de la ONU, de la mano de países como Sudáfrica, Colombia, México, Brasil o China, “los que están intentando trabajar a favor de la paz”. Esa sesión debería abordar, como mínimo, dos asuntos: la suspensión temporal de la membresía de Israel en la Asamblea General, algo que ya se hizo en el pasado con Sudáfrica del apartheid, y el envío de una fuerza internacional a la franja de Gaza.

“Es inaplazable”, defiende, “una fuerza bajo paraguas de la ONU que proteja al pueblo palestino, facilite la entrada ilimitada de ayuda humanitaria y obligue a las fuerzas de ocupación israelíes a abandonar Gaza. No hay un alto el fuego real: solo se ha reducido la intensidad de la agresión. Ayer mismo mataron a 28 personas en la franja”. Aun así, insiste en que, pese a las críticas, España está “en la vanguardia de la defensa del pueblo palestino”. Su preocupación es otra: “Si España está dando pasos que para nosotros son insuficientes y aún así va por delante, la pregunta es qué están haciendo los demás”.

Empresas que se benefician del genocidio

Durante su visita a la Región, Pineda también pone el foco en el papel de determinadas multinacionales que se lucran con la ocupación y la guerra. Recuerda que la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados dedicó uno de sus informes a las empresas que se benefician del genocidio, más allá de la ocupación prolongada.

“Llevamos desde 2005, desde el movimiento BDS, denunciando las empresas que sacan beneficio de la ocupación. Ahora hablamos de quienes se lucran directamente del genocidio”, explica. Cita compañías multinacionales con presencia en la Región de Murcia y en el resto de España, así como empresas españolas como CAF, que participa en la construcción de un ferrocarril en territorio ocupado.

Desde Izquierda Unida están trabajando en una proposición no de ley para que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a aplicar, de forma efectiva, las medidas adoptadas por la Corte Internacional de Justicia. “Hay un auto de enero de 2024 que prohíbe la cooperación con el genocidio. Las empresas que cooperen deberían ser perseguidas por las administraciones que se dicen respetuosas con el derecho internacional. Lo que pedimos es simplemente aplicar la ley”.

Palestina y la certeza de la resistencia

Cuando se le pregunta si se ve la luz al final del túnel, Pineda prefiere no engañar a nadie. “No sé si nosotros lo veremos”, reconoce. Recuerda que la colonización comenzó hace 128 años y que la fase más agresiva se inició el 15 de mayo de 1948, con la Nakba. “Sería muy arriesgado decir que estamos a la vuelta de la esquina. Estamos en un momento dramático, quizá el peor para el pueblo palestino”.

Pero la experiencia de sus años viviendo en la franja de Gaza entre 2011 y 2014 le deja una certeza: “Ellos no se van a rendir nunca”. “Israel, con la ayuda de Estados Unidos, podrá seguir matándolos, pero seguirán viniendo más palestinos a coger la bandera de la resistencia, de la dignidad, de la lucha por sus derechos, por su independencia, por su autodeterminación y su soberanía”.

En su análisis, el sionismo es una ideología “supremacista” que acabará siendo juzgada por la historia igual que el nazismo. “Lo mismo que el nazismo ha pasado a la historia en el rincón de los regímenes criminales, asesinos, cuyos herederos miran para otro lado, el sionismo tiene que acabar en esa misma esquina. ¿Cuándo? No tengo respuesta. Sería imprudente augurar una fecha. Pero no tengo la menor duda de que antes o después Palestina será libre, será libre de ocupación desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. No hay alternativa a eso”.

Al despedirse de los micrófonos de MurciaEconomía Radio, deja una mezcla extraña de crudeza y esperanza: la crudeza de un diagnóstico sin eufemismos y la esperanza obstinada de quien ha compartido vida, miedos y bombardeos con la gente de Gaza.