En los últimos años, muchas grandes ciudades de España han impuesto a sus ciudadanos el pago de una tasa de basuras que sin duda, provoca malestar entre muchos. De hecho, no es sólo el tener que pagar un impuesto por servicios como la gestión de los residuos o la recogida de basuras. Los vecinos no acaban de entender el porqué si reciclan y llevan ellos mismos la basuras a los contenedores y al punto verde, tienen que pagar.

Y es que lo peor es que dependiendo de dónde vivas, la tasa de basuras puede llegar a superar los 100 euros, de modo que se ha creado una sensación de injusticia generalizada y también que muchos quieran saber si es posible hacer una reclamación, que la OCU ya ha confirmado.

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha confirmado que no todos los cálculos aplicados son correctos. De hecho, algunos podrían ser contrarios a la directiva europea, lo que abre la puerta a reclamar la devolución del importe. Y lo más importante: hacerlo no es tan complicado como parece.

Desde el pasado mes de abril, los ayuntamientos debían adaptar su sistema de cobro al nuevo modelo europeo. En teoría, el objetivo era premiar a quienes generan menos residuos y penalizar a quienes producen más. Pero en la práctica, muchas ciudades han optado por criterios poco relacionados con la basura real que generamos.

En Madrid, por ejemplo, el cálculo se hace en función del valor catastral de la vivienda, algo que no guarda relación directa con la cantidad de residuos. En otras localidades, el importe depende del consumo de agua, de la ubicación del inmueble o incluso del número de personas empadronadas. El resultado ha sido una gran desigualdad entre municipios: mientras en la capital la tasa puede llegar a los 149 euros, en ciudades como Valencia o Barcelona apenas supera los 40.

Este nuevo sistema ha provocado un sentimiento generalizado de injusticia. No son pocos los vecinos que se preguntan por qué pagan más si generan lo mismo o incluso menos basura que antes. Y es ahí donde la OCU ha dado un paso al frente: muchos de esos criterios podrían ser ilegales si no se ajustan al principio básico de la norma europea.