El Pleno del Congreso debatirá y votará el próximo martes, 25 de noviembre, una proposición de ley de Sumar que reforma la Ley de Vivienda de 2023 para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España.

El portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, es quien ha auspiciado esta propuesta legislativa con el objetivo de "poner freno" a la especulación en el mercado de la vivienda que hacen especialmente "socimis y fondos buitres". Ibáñez esgrime que todo el grupo plurinacional de Sumar considera "prioritario" y "urgente" presentar medidas que acaben con la especulación y acaparamiento de vivienda "en unas pocas manos".

La propuesta de Sumar argumenta que el derecho de disfrute de la vivienda se predica de las personas físicas, que son las que pueden usar y disfrutar la experiencia de habitar una vivienda con todo lo que ello implica. En este sentido, el grupo parlamentario apostilla que la propiedad de las viviendas o inmuebles residenciales en manos de personas jurídicas no responde al derecho de uso y disfrute de la experiencia vital, sino a la concepción de la vivienda como bien de inversión para obtener beneficios económicos.

Por ello, los plurinacionales defienden una reforma de la Ley de Vivienda para evitar la "especulación" en el ámbito inmobiliario y limitar el derecho de transmisión de propiedad tanto a título oneroso como gratuito de viviendas a las personas físicas, reservando a las jurídicas el derecho de propiedad de aquellos inmuebles que no tengan carácter residencial, sino afección a actividades económicas de carácter primario, secundario o terciario.