Las comunidades autónomas gastan menos que la media de la Unión Europea en servicios fundamentales, mientras que los gastos en pensiones y desempleo centralizados en la Seguridad Social superan el promedio de la UE.

El debate ha vuelto a poner de manifiesto las consecuencias de la infrafinanciación autonómica, han participado la consellera de Hacienda de la Comunitat Valenciana, Ruth Merino; el consejero de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos; el de la Junta de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruíz; y el de Región de Murcia, Luis Alberto Marín.

Los economistas José Antonio Pérez y Juan Pérez han mostrado la panorámica de la evolución del gasto público en España. En su intervención han destacado el crecimiento del 2,3% anual del gasto público en España desde 2002, lo que ha permitido pasar de un peso del gasto público del 36% sobre el PIB al 43% en 2024. Aun así, y pese a la tendencia a la convergencia, el gasto público en España en porcentaje del PIB todavía se sitúa 4 puntos por debajo de la media de la Unión Europea (47,3%) y en el entorno de países como Estonia, Hungría o la República Checa.

En concreto, el gasto en sanidad supone el 6,6% del PIB, frente al 7,3% de media en la UE, en el caso de la educación la diferencia es del 4,2% vs 4,7% y en servicios sociales, España dedica el 1,7% del PIB mientras que el promedio de la UE alcanza el 3,2%.

Frente a este menor gasto en los servicios cedidos a las autonomías, el gasto en pensiones y en desempleo, ambas funciones centralizadas en la Seguridad Social, se sitúa por encima de la media (12,4% del PIB en pensiones, frente al 11,8% en la UE y 1,5% en desempleo, frente a 1,2%).

Además, los economistas han explicado que fueron las administraciones territoriales (AA.TT) las que soportaron el 99,8% del ajuste de 62.659 millones de euros de gasto público que exigió a España la política de estabilidad presupuestaria tras la Gran Recesión (2009-2013). Mientras que las AA.TT. recortaron su gasto en 62.577 millones de euros, el gasto de las administraciones centrales (AA.CC.) solo se redujo en 83 millones de euros.

Además de por los ingresos, las diferencias regionales de gasto público por unidad de necesidad también pueden deberse a las distintas preferencias de la población en la utilización de los servicios fundamentales (públicos o privados) y en la forma de provisión de estos por los gobiernos autonómicos (provisión directa o concierto).