El Gobierno regional da un nuevo paso en la guerra del agua. El presidente autonómico, Fernando López Miras, ha anunciado que su Gobierno va a requerir formalmente información a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) por las “irregularidades” que, según varias comunidades del Levante, se estarían produciendo en la gestión del río y en los envíos del trasvase Tajo-Segura. El movimiento se plantea como paso previo a posibles acciones judiciales si se confirma que esa gestión está perjudicando a los usuarios del acueducto.

El anuncio se ha realizado durante el ‘Foro Horizonte 2027. Los retos del agua: la encrucijada del trasvase’, organizado por el diario La Verdad en Murcia. Allí, López Miras ha señalado que la CHT presenta en su gestión “irregularidades que ya ha señalado la Comunidad Valenciana y que han avalado nuestros propios Servicios Jurídicos”, y ha reprochado al organismo de cuenca que hasta ahora “se niegue a aportar información”.  “No nos vamos a quedar de brazos cruzados, y vamos a requerirla formalmente”, ha remarcado el presidente.

Un informe que habla de desembalses “excesivos” y falta de transparencia

El origen inmediato de este movimiento está en el informe técnico elaborado por la Comunidad Valenciana, que Murcia y Andalucía han asumido como base para una estrategia jurídica común. Ese documento sostiene que la Confederación del Tajo ha autorizado desembalses superiores a los necesarios para mantener el caudal ecológico, ha incurrido en irregularidades en los envíos de agua y en los registros de consumos, y actúa con una notable falta de transparencia, hasta el punto de que, según se denuncia, no existen datos verificables ni planes de evaluación de los caudales ecológicos, a pesar de que son obligatorios desde 2024.

El informe fue remitido a la secretaria de Estado y responsable del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), Sara Aagesen, acompañado de una carta firmada por los consejeros de Agua de Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta formal, según denuncian los gobiernos autonómicos. De ahí que la Región anuncie ahora un requerimiento directo a la CHT para que entregue la información sobre los puntos “irregulares” detectados. 

El contexto de fondo es el cambio de reglas del juego del trasvase. El Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027 y la actualización de las reglas de explotación del acueducto prevén una subida progresiva de los caudales ecológicos en el Alto Tajo y una mayor reserva en cabecera, lo que, según los regantes y el Ejecutivo murciano, se traducirá en un recorte medio cercano al 50% del agua disponible para regadío a partir de 2027.

A ese recorte de agua trasvasada se suma otro ajuste paralelo en las aguas subterráneas de la cuenca del Segura. El plan de cuenca aprobado en 2023 contempla una reducción de 213 hectómetros cúbicos de recursos subterráneos y 105 hectómetros cúbicos procedentes del trasvase, con solo 34 hectómetros cúbicos de agua desalada como compensación parcial, un equilibrio que el sector agrario considera insuficiente. 

Organizaciones como el SCRATS y las comunidades de regantes del Levante han advertido ya de que ese “doble recorte” puede suponer un golpe estructural para la agricultura de Murcia, Alicante y Almería, al dejar sin respaldo hídrico una parte sustancial de las explotaciones de regadío. 

Llamamiento a la unidad y mensaje político

Ante este escenario, López Miras ha hablado abiertamente de “encrucijada” para el trasvase Tajo-Segura. Ha reclamado un “llamamiento social” y ha pedido “unir a toda la sociedad y a toda la clase política” en defensa del acueducto. “El Gobierno regional va a seguir al lado de los regantes, es decir, al lado de la Región de Murcia. Vamos a seguir desplegando todas las acciones jurídicas y políticas que estén en nuestra mano”, ha insistido. 

El presidente repite así un mensaje que viene sosteniendo desde hace meses en foros nacionales y europeos, donde ha advertido de que el recorte previsto para 2027 hace “imposible” la viabilidad de buena parte de la agricultura murciana y pone en riesgo miles de empleos ligados al agua del Tajo.

López Miras ha vuelto a defender que “no hay alternativa” real al trasvase Tajo-Segura en términos de volumen, coste y calidad. Ha recordado que la fecha clave de 2027 coincidiría, según sus cálculos, con el cierre de aproximadamente la mitad del acceso actual a aguas subterráneas, lo que dejaría al sureste español en una situación extremadamente vulnerable si se ejecutan todos los recortes previstos.

Sobre la desalación, el jefe del Ejecutivo regional reconoce que es un recurso complementario, pero la descarta como sustituto del trasvase tanto por el precio de producción del agua como por las dificultades técnicas para hacerla llegar en condiciones competitivas a las zonas de interior. También apunta a los plazos de construcción: recuerda que entre la planificación y la entrada en funcionamiento efectiva de la desaladora de Torrevieja pasaron alrededor de doce años, un calendario que no encaja con el horizonte de 2027.

Las críticas de Murcia y del Levante chocan con las resoluciones judiciales más recientes. El Tribunal Supremo ha ido perfilando en los últimos años la obligación de fijar caudales ecológicos completos y vinculantes en el Tajo, y este otoño ha desestimado el recurso del Gobierno murciano contra el plan hidrológico, avalando la subida de esos caudales y, con ello, el recorte progresivo del trasvase. 

López Miras sostiene, sin embargo, que el recorte del trasvase responde a una decisión “estrictamente política, no técnica ni científica” y acusa al Ministerio de utilizar las sentencias del Supremo solo como “coartada” para justificar un cambio de modelo que, según la Región, no está suficientemente respaldado por estudios socioeconómicos y ambientales. 

Con el requerimiento a la CHT ya anunciado y el horizonte de 2027 acercándose, el conflicto del agua entra así en una nueva fase, en la que la batalla por los datos, qué se está desembalsando, con qué criterios y qué efectos tiene sobre el trasvase,  será clave para el relato político y para el futuro del sureste español.