Este viernes 28 de noviembre, a las 11 de la mañana, las puertas de la Consejería de Educación de la Región de Murcia se han convertido en altavoz de un malestar que lleva años gestándose en silencio. CCOO, UGT e Intersindical han convocado una concentración para exigir dignidad y mejoras laborales para todo el personal no docente de los centros educativos: quienes sostienen el día a día de los colegios e institutos sin dar clase, pero haciendo posible que la enseñanza funcione.

En Las Mañanas de Murcia Economía Radio, Paula Mayol, delegada de Personal de Apoyo Educativo de la Federación de Enseñanza de CCOO, desgrana con calma, y con cierto cansancio acumulado, quiénes son y qué reclaman esos trabajadores que rara vez acaparan titulares.

En los centros, recuerda, no solo hay profesores. Bajo la etiqueta de personal no docente se agrupa a secretarías, ordenanzas, personal de limpieza, auxiliares educativos que acompañan al alumnado con necesidades educativas especiales, fisioterapeutas, educadoras infantiles, intérpretes de lengua de signos, mediadores comunicativos, enfermeras, trabajadores sociales, cocineros, personal de seguridad y de mantenimiento. “Todo ese personal es el llamado personal no docente”, resume Mayol, casi como si tuviera que recordarlo cada día.

Detrás de la concentración de este viernes hay una lista larga de agravios. El primero, la temporalidad: “Un tercio del total de esta plantilla está contratado de forma temporal”, denuncia. A ello se suma una situación especialmente llamativa: “La Consejería de Educación tiene bloqueadas 106 vacantes, plazas de funcionarios de carrera que no están ocupadas, para obtener presupuesto y poder seguir contratando de forma temporal a todo este colectivo”. La ecuación es clara: menos plazas fijas, más precariedad.

Las bajas y sustituciones son otro frente abierto. Mayol asegura que hay coberturas que pueden tardar “hasta dos meses” en llegar a los centros, dejando huecos que el resto del personal intenta tapar como puede. “Pedimos que se cubran de forma real y rápida las bajas y sustituciones que se van produciendo”, insiste.

A esa inestabilidad se suma una normativa envejecida. “Nuestras normativas proceden del año 2000”, recuerda. No existe un acuerdo de ratios que fije, por ejemplo, cuántos alumnos o unidades de centro corresponden a un determinado número de trabajadores de limpieza, cuántos efectivos de ordenanza deberían estar en cada edificio o cuántos niños puede atender como máximo un auxiliar educativo. El resultado: plantillas ajustadas al límite y decisiones improvisadas.

El malestar también pasa por algo tan básico como disfrutar de los días de asuntos propios, algo que, según Mayol, “actualmente está siendo inviable” para muchos trabajadores. Y se extiende a cuestiones de riesgos laborales: “Necesitamos un adecuado cumplimiento de los riesgos laborales, de la protección de su salud, con materiales adecuados, espacios seguros y una adaptación en el puesto por motivos de salud”.

En el terreno económico, la delegada pone la lupa en la itinerancia y las indemnizaciones por desplazamiento. En teoría, el trabajo itinerante, prestar servicio en varios centros, está regulado y remunerado. En la práctica, no para todos. “Para el personal no docente, la itinerancia está regulada y remunerada, sin embargo, para el colectivo de educadoras infantiles no tenemos contemplada esta regulación, con lo cual la Consejería de Educación no remunera los desplazamientos de las educadoras infantiles”, explica. Eso genera un “agravio comparativo” evidente: hay colectivos que cobran por lo mismo que otras profesionales realizan sin compensación alguna. “Al no regularlo, se acogen a eso para no pagar el desplazamiento”, resume.

El catálogo de carencias llega incluso al vestuario laboral, un asunto que podría parecer menor hasta que se mira de cerca. “No se está cubriendo de forma integral ese suministro”, afirma. Hay ordenanzas que no están recibiendo vestuario pese a que está regulado, instrucciones poco claras que dejan demasiada libertad a los centros para gestionarlo y colectivos, como el personal de seguridad, que directamente quedan fuera de la norma. “Hay personal que no lo recibe directamente aunque esté regulado y otro que queda fuera y también debería tenerlo”, apunta.

Mientras tanto, la interlocución con la Consejería avanza a un ritmo desesperantemente lento. “Estamos a la espera de que se nos reciba. Hemos solicitado una reunión con el consejero de Educación. Se nos ha trasladado que nos va a recibir, pero estamos a la espera de que nos concrete una fecha”, relata Mayol.

Todo ello contrasta, dice, con el discurso oficial: “Parece mentira que en un momento en el que la comunidad autónoma presume de inversión en el apartado educativo, el personal no docente, que equivale en torno al 30% de personal que trabaja en centros educativos, esté en estas condiciones”. Antes, recuerda, este personal podía disfrutar de sus vacaciones en julio. Hoy, “se está suprimiendo las vacaciones de los periodos no lectivos”, algo que no ocurre con el personal docente, que puede llegar a cobrar el verano con un mínimo de días trabajados. “Ellos cesan todos el día 30 de junio, todos los que están de forma temporal, generando agravios comparativos en el centro importantísimos y un malestar en estos colectivos”, subraya.

Ese malestar, inevitablemente, acaba impactando en el corazón del sistema: el alumnado. “Creemos que los profesionales se esfuerzan por dar el máximo cada día, pero esto genera un malestar en estas personas, sintiéndose tratadas como personal de segunda”, explica. “Cuando vas a trabajar no vas con la misma actitud cuando te sientes valorado y dignificado en tu profesión que cuando ves que estás junto a otros compañeros que tienen unos derechos consolidados y los tuyos no lo están”.

La situación es especialmente delicada en el terreno de la inclusión educativa. Una parte importante de este personal trabaja con alumnado con necesidades educativas especiales, “la parte más vulnerable de nuestro sistema educativo”, recuerda. Y ahí es donde, según Mayol, la infradotación se hace más visible.

“Sabemos que hay un aumento exponencial en los niños con necesidades educativas especiales”, señala. Sin embargo, la respuesta no está siendo proporcional. “Estamos viendo una elevada infradotación de auxiliares educativos, de intérpretes de lengua de signos y mediadores. Vemos cómo los niños no son atendidos en toda su jornada escolar”. En el caso de intérpretes y mediadores, “el mediador que va al centro atiende dos y tres niños, deja de atender a uno para ir a atender a otro; no se les atiende en todas las horas de clase”.

Con los auxiliares educativos, la realidad es igual de preocupante: se producen bajas que no se cubren y niños que se quedan sin el apoyo que necesitan. A veces, incluso, los cambios en la asistencia, por ejemplo, cuando un alumno con necesidades especiales empieza a ir al comedor, no se acompañan de una ampliación de contrato del auxiliar para cubrir ese nuevo horario. “Estamos viendo una contratación en la mayoría de los casos por debajo de la jornada completa, muchas veces 15, 20 o 25 horas, ceñidas estrictamente al tiempo de clase de 9 a 2. No puede ser, porque no facilita que estos niños tengan una asistencia integral en el centro educativo”, resume.

La concentración de este viernes no será un gesto aislado. Los sindicatos ya tienen marcada en rojo otra fecha: 30 de enero, cuando volverán a convocar al personal no docente si no llega una respuesta clara desde la Consejería. “No, no se va a quedar aquí”, advierte Mayol. “Vamos a seguir poniendo piedras hasta que empecemos a ver un cambio. Tenemos muchas reivindicaciones justas que presentar”.